BONADÍO, UN INCONDICIONAL DE LA CORRUPCIÓN Y AHORA APRENDIZ DE BRUJO
El fallo de Bonadío que ordena la prisión preventiva de varios ex funcionarios y dirigentes kirchneristas y de la ex Presidenta, incluido su desafuero, ha puesto en evidencia una crisis del conjunto del régimen político – que el gobierno macrista ha buscado resolver a su favor desde el mismo día de su inauguración. Bonadío es un juez federal que estuvo al servicio de la llamada “servilleta de Menem”, también denunciado por encubrimiento de la causa del atentado terrorista a la Amia y siempre funcional al gobierno de turno – incluido el kirchnerista. Aunque la sentencia de Bonadío se refiere a la firma del Memorándum con Irán, a la que caratula como “traición a la patria”, su carpeta tiene activos numerosos casos de corrupción que afectan a ex funcionarios del kirchnerismo, especialmente a CFK, y que también podrían culminar con órdenes de prisiones preventivas y pedidos de desafueros.
“Judicialización” y “acuerdo democrático mínimo”
La ‘judicialización de la política’, por parte de Bonadío, comenzó con el procesamiento del directorio del Banco Central y del gabinete kirchnerista, por los contratos de futuros contraídos a un tipo de cambio considerablemente inferior al del mercado paralelo. Luego avanzó en temas como Hotesur, la ‘ruta del dinero’ o los patrimonios injustificados de ex funcionarios. Los casos de ‘Ciccone’ Boudou, Lázaro Báez y José López dejaron al desnudo la vulnerabilidad ‘ética’ de la ex administración, como ocurrió enseguida después con Cristóbal López y el grupo Indalo. El caso de la muerte del fiscal Nisman podría ocupar, en cualquier momento, el centro mismo de la crisis política. En el caso del Memorándum, el mismo Bonadío reconoce que no tiene pruebas suficientes para encarcelar, pero las sustituye por el concepto de su propia “convicción” y por resoluciones de Cámara que permiten dictar la preventiva por la mera sospecha de que el procesado podría interferir en la investigación. Desde que gobierna Macri, la prisión preventiva se ha convertido en rutina, que será revertida en instancias superiores, por lo menos en los casos más discutibles. Políticamente, será un toma y daca.
La primera línea de defensa de la cúpula K fue sostener que el gabinete no puede ser responsabilizado por las irregularidades y delitos de los escalones inferiores – una competencia que cabría a los organismos de control. Recientemente, con Raúl Zaffaroni a la cabeza, lanzó una campaña “contra la persecución” y por “defensa del estado de derecho”, que consiste en reivindicar la libertad ambulatoria de los procesados hasta la sanción de una condena definitiva por parte la Corte Suprema. En esta línea, ha venido reclamando al macrismo lo que denomina un “acuerdo democrático mínimo” – una suerte de pacto de gobernabilidad.
La llamada “judicialización de la política”, por parte del macrismo y la justicia federal, es parte de una estrategia para desmembrar al Frente para la Victoria y al pejotismo, o sea profundizar el proceso de desbande iniciado por Massa, en 2013, y por Bossio luego de las elecciones de 2015, ahora con el auxilio del poder judicial. El propósito es, en primer lugar, viabilizar los proyectos de leyes del gobierno en el Congreso, como ha ocurrido hasta ahora, y, en segundo lugar, neutralizar y cooptar a gobernadores y dirigentes del justicialismo para asegurar al macrismo una reelección y un mandato de ocho años. La ofensiva judicial contra los más altos funcionarios kirchneristas y contra CFK es una tentativa de reconfigurar un régimen político inviable y en crisis.
Esta es la caracterización de conjunto que deben tener en cuenta los trabajadores que no quieren quedar atrapados por una disputa ajena a sus intereses fundamentales. Al fin de cuentas, todos los bloques del Congreso han sido serviciales al macrismo, y la propia CFK desechó la realización de movilizaciones populares contra los planes anti-obreros, en función de un presumido éxito en las elecciones parlamentarias, en las que fue derrotada, y en las futuras presidenciales. La burocracia sindical, alineada con las diversas alas del FpV, ha actuado como un freno inconmovible a la lucha de los trabajadores.
## ‘Estado de derecho’ y ficción constitucional
La ‘judicialización de la política’ no es un cuerpo extraño al sistema político – todo lo contrario. En el sistema constitucional, el poder judicial opera como árbitro último del régimen político, incluyendo la determinación de si un proceso político es judicializable. En numerosos países este rol lo cumple una Corte Constitucional, a la que se puede recurrir en forma directa; en otros, la Corte Suprema puede hacer lo mismo en caso de litigios específicos. En todos estos sistemas, los guardianes del orden jurídico son vitalicios.
De un modo más amplio, se debe señalar que en todos los lados el Poder Judicial está entrelazado con los estudios de abogados de los mayores monopolios, de donde incluso se reclutan los magistrados. En resumen, en lugar del piadoso pedido de que la Justicia actúe de acuerdo a la Constitución, todo obrero consciente debe reclamar la elegibilidad y revocabilidad del Poder Judicial, en el marco de un Estado basada en la soberanía política de los trabajadores. Asimismo, debe caracterizar las acciones judiciales en función de los antagonismos de clase y no de principios abstractos – como ocurre con los numerosos trabajadores procesados por sus luchas clasistas, incluidos los piquetes y las ocupaciones de empresas.
Los K reclaman, asimismo, el derecho de los procesados a evitar la prisión hasta la sanción de una condena definitiva, pero es este ‘derecho’ el que explica la impunidad de los delitos de los grandes jerarcas o empresarios, cuyos abogados alargan las causas hasta el infinito para obtener la prescripción de los delitos. Es lo que ha ocurrido en los fraudes IBM-Banco Nación, o los relativos a la deuda externa, como en los casos de Cavallo o Sturzenegger. Nuestro partido, en cambio, el Partido Obrero, obtuvo la preventiva contra José Pedraza, responsable del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, hasta que fue definitivamente condenado por un Tribunal Oral. Aquí, de nuevo, tenemos la obligación de caracterizar los litigios judiciales en términos de lucha de clases – de ninguna manera en los de las abstracciones jurídicas. El “acuerdo democrático mínimo” que ha propuesto Zaffaroni representa, por eso, la oferta de un pacto de complicidades recíprocas con el macrismo.
## Argentina: rehén de guerras imperialistas
En la enmarañada puja que se está desarrollando en un sistema político en disgregación, el tema del Memorándum con Irán ocupa un lugar especial. De un lado, tiene que ver con alineamientos políticos internacionales, del otro con una pelea de servicios de inteligencia extranjeros, que en su momento produjo la crisis de la Side con el kirchnerismo y luego fue determinante en la muerte del fiscal Nisman. Todos los que se han pronunciado sobre el tema han reconocido el carácter anti-iraní y pro-sionista de la gestión de Néstor Kirchner, que habría sufrido un giro de 180° luego de su muerte. Lo que resalta de todo este tema es que desde el envío de armas a Croacia, en la guerra de Yugoslavia, y el apoyo a la Guerra del Golfo, en 1991, Argentina se involucró en las guerras imperialistas y reaccionarias. La crisis de régimen político, en Argentina, se encuentra ampliamente vinculada a su dependencia de los poderes imperialistas y sus guerras.
Menem y la Daia, bajo la dirección de Rubén Beraja, se encargaron por esta razón de encubrir las responsabilidades del atentado terrorista contra la Amia, bajo la dirección de los servicios de espionajes extranjeros. Por eso todos los gobiernos sucesivos han impedido la apertura de los archivos secretos que contienen la información vital sobre lo ocurrido. Macri pretende, ahora, convertir al grupo de investigación del atentado en un grupo de investigación del terrorismo, en función de la política norteamericana, que viene de antes del gobierno de Trump. Macri ha firmado acuerdos militares con el primer ministro sionista Netanyahu – no todos de conocimiento público. La acusación a CFK, por “traición a la patria”, suena ridícula cuatro años después del rechazo del Memorándum por parte del parlamento de Irán. La participación de Irán en el atentado ni siquiera se encuentra debidamente probada.
La pugna por realinear a Argentina con el imperialismo yanqui y con Trump tiene un alcance continental, como lo acaba de probar el pedido de bloqueo a Venezuela, por parte de Macri, al gobierno de Estados Unidos. Harina de otro costal será como el macrismo concilia esta posición con la dependencia económica y comercial creciente de Argentina con China y Rusia (cuando Trump insiste en bloquear el ingreso del biodiesel de Argentina al mercado norteamericano). La cuestión fundamental sobre el Memorándum no es su judiciabilidad, sino el alineamiento de Argentina con el imperialismo y con sus guerras.
La ‘tercera posición’ elegida por CFK al buscar un acuerdo con Irán para clarificar el atentado terrorista contra la Amia en un tercer país, ha fracasado miserablemente y ha sido funcional a los acuerdos firmados por el G5 más 1 (USA, Francia, Alemania, Gran Bretaña y Rusia) con Irán, para organizar un reparto de influencias en el Medio Oriente. El régimen iraní apoyó la invasión yanqui a Afganistán y acaba de intervenir contra el planteo kurdo por la independencia del norte de Irak.
En función de sus propios intereses, Irán participa de coaliciones cambiantes con el imperialismo; ahora mismo se encuentra discutiendo con Putin y Erdogan un reparto de Siria. Bonadío tuvo, además, la ocurrencia de dar a conocer su dictamen el mismo día en que Trump resolvió apoyar la anexión de Jerusalén por parte del estado sionista. En oposición a la pelea distorsionada sobre el Memorándum, defendemos la lucha antiimperialista de masas en el Medio Oriente, por la Unidad socialista de todos sus pueblos.
“Fuego amigo”
El fallo de Bonadío, sin embargo, ha sido recibido con reticencia por el macrismo. La razón es que torpedea la alianza con el pejotismo que lidera Pichetto, quien acaba de formar un bloque separado de los K. Quien expresó esta decepción fue el macrista Pinedo, titular del Senado, quien condicionó la ejecución del desafuero a un acuerdo político con el peronismo, que incluirá al bloque K. Esta inesperada ‘crisis parlamentaria’ ocurre cuando los medios transmiten el creciente repudio popular por el despojo a los jubilados e incluso a la reforma laboral. El fallo ha creado un impasse parlamentario relativo a la agenda anti-obrera del gobierno. Este cuadro político, a sesenta días de la victoria electoral del macrismo, pone en evidencia la vulnerabilidad de los avances políticos del gobierno.
Economistas con cierta notoriedad han declarado que el endeudamiento creciente del Estado es inviable en un plazo relativamente corto y que la crisis potencial superará todo lo que ya ha visto Argentina. El impasse económico, cada vez más manifiesto, encuadra todos los aspectos de la crisis política. El gobierno se debate entre formar, por una parte, un gobierno de coalición, que no le aseguraría sin embargo un segundo mandato, y un método de acoso permanente, por el otro, que podría quebrar el precario andamiaje que lo sostuvo desde finales de 2015.
Este cuadro visualiza mejor el rol de contención de la burocracia sindical – el factor más importante de la crisis que atraviesa el movimiento obrero. Una parte de la izquierda ha salido a manifestar junto al kirchnerismo en nombre del mismo programa de los K- el estado de derecho y la democracia, escondiendo la crisis de conjunto del régimen político, las repercusiones de esta crisis en el gobierno y la prioridad que tiene, para los trabajadores, derrotar las ‘reformas’ previsionales y laborales.
Se toman en cuenta los aspectos distraccionistas de la crisis en detrimento de una lucha de clases contra el gobierno y todo el sistema político que lo apoya, sea en forma directa o por medio de compromisos de distinto alcance.
Es necesaria una gran clarificación política. No más trampas ‘alternativistas’ entre corrientes que son defensoras históricas del capital.