PLEBISCITO POR LA ANULACIÓN

nota publicada en: https://prensaobrera.com/politicas/51635-

Las ‘cuentas suizas’ son solamente el último episodio de una trama que, desde la impunidad del ‘gatillo fácil’, el continuo ocultamiento de los niños nacidos en cautiverio y el asesinato de Cabezas y de María Soledad, hasta los privilegios descomunales que siguen gozando los banqueros del régimen militar, muestra que el ajuste de cuentas con la dictadura aún sigue pendiente y que la ‘democracia’ solo ha servido para preservar el aparato de aquélla, no para desmante­lado.

Asistimos a una nueva etapa de obediencias debidas y de indultos, esto porque las leyes y decretos respectivos de Alfonsin y de Menem no han sido suficientes.

Bussi

¿O no constituye un nuevo intento de indulto la política de oficialistas y opositores de preservar a Bussi, al que se le permite el recurso a las chicanas judiciales y a las complicidades dentro de las fuerzas armadas y del gobierno, para no bajarse del gobierno?

Ninguno de los bloques del Congreso nacional ha tomado el tema de las ‘cuentas suizas’ para acabar con Bussi, con el pretexto de que se trata de un asunto ‘tucumano’. Sin embargo, Menem ya advirtió que si la crisis en Tucumán se sale de madre aplicaría la interven­ción federal a los tres poderes de la provincia, un chan­taje que autoriza todas las provocaciones que tiene planeadas Bussi contra la Legislatura. La ‘oposición’ tucumana, por su lado, ha formado una Multisectorial para procurar que la agitación popular callejera no supere a la política parlamentaria. Los ‘opositores’ pretenden que Bussi se avenga a un juicio político y que sea reemplazado por un bussista, el vicegobernador Topa, de manera que todo no pase de un proceso judicial y de que se evite, por sobre todo, que el desenlace lo dicte una intervención popular.

Es que oficialistas y opositores defienden, de conjun­to, los mismos intereses sociales. “ ‘En este último año se ha acentuado el proceso de concentración en el sector tanto cañero como industrial’, explicó a El Cronista Jorge Zorreguieta, presidente del Cen­tro Azucarero Argentino” (5/1). En consecuencia, tres pulpos controlan el 60% del mercado. No es extraño entonces que haya aumentado la desocupación en una forma extraordinaria a pesar del crecimiento de la pro­ducción.

Para defender la continuidad de este proceso, las patronales oficialistas y opositoras quieren sacar de la calle al pueblo, es decir, dejar que Bussi complete su mandato.

Cabezas y la bonaerense

La ‘reforma’ de la ‘bonaerense’ que votaron en común y administran en conjunto Duhalde y la Alianza, no ha servido para resolver ningún problema de atropello policial pero sí para que los familiares y abogados de Cabezas denuncien que “la causa está parada” y que lo mismo ocurre con la investigación a Yabrán. También aquí, como en el caso del encubrimiento del asesinato de María Soledad, los autores políticos del crimen no han sido descubiertos, ni se dispone de pruebas materiales para incriminar a quienes se encuentran detenidos. En estas condiciones, cualquiera sea el fallo judicial contra los imputados, no se produci­rá nada que atente contra el monopolio político de los inte­reses responsables por el cri­men.

La ‘reforma’ policial ‘chacho-duhaldista’ tiende un manto de encubrimiento en beneficio de toda la cúpula policial que fue desplazada. Pero como lo demuestran va­rios informes, los afectados pasan a engrosar las filas de la ‘seguridad privada’, res­ponsable de tantas o más fe­chorías. Los ‘opositores’ de la Alianza han demostrado que su límite insalvable es la preservación de los aparatos de seguridad y el monopolio capitalista. A partir de esto, se han convertido en cómpli­ces del sistema de indulto y obediencia debida que ha im­puesto la ‘democracia’.

María Soledad

El cuestionamiento de Patti y de otros adversarios al fallo judicial contra Luque y Tula, por la ausencia de pruebas que habría para condenarlos, vuelve a poner de manifiesto las descomu­nales limitaciones de ese fa­llo, que dejó fuera de su ám­bito el examen de la red de encubrimientos que hizo po­sible la desaparición de las pruebas y del conjunto de los responsables políticos. Esta impunidad explica la contra­ofensiva lanzada por los de­fensores de los condenados para que se revea la senten­cia o para obtener alguna transacción que resulte más benigna. Sin embargo, los responsables del encubri­miento son de conocimiento público, tal como lo reiteró hace pocos días Marta Pello- ni: desde Menem para abajo, es decir toda la oligarquía regional. Las declaraciones de Patti lo denuncian como un activo encubridor.

Anulación a comisión

La necesidad de anular la obediencia debida y el indulto resulta, entonces, de absoluta actualidad. Es precisamente por eso que el proyecto Cafiero-Bravo suscitó tanto rencor en los ‘derecho-humanis­tas’ de la Alianza. Fue así que en un contubernio con el justicialismo decidieron pasar el proyecto a comisión. Bravo y Cafiero no solamente se mos­traron de acuerdo con esto sino que aceptarían incluso modificar su propuesta en fa­vor de una derogación, a sa­biendas que la diferencia jurí­dica entre anular y derogar reside en que ésta no tiene alcance retroactivo. En conse­cuencia, la crisis desatada en el Frepaso no pasó de una tor­menta en un vaso de agua y el proyecto en cuestión acabó en un aborto, incluso si el dere­cho a él se encuentra negado.

Plebiscito

En estas condiciones polí­ticas, reclamar la anulación de las leyes sin denunciar que el Congreso nacional y todos sus partidos y fracciones son enemigos absolutos de que tal anulación fructifique, consti­tuye un acto de ingenuidad. Para los políticos profesiona­les, un acto de cinismo.

El punto de partida para cualquier movilización políti­ca que tenga un mínimo de pretensión victoriosa, es la denuncia de diputados y se­nadores de todas las camise­tas y colores. El Congreso na­cional, impotente para deci­dir en favor del pueblo y de la democracia, no debe ser el que decida. Debe decidir el pue­blo. La fuerza del reclamo de un plebiscito consiste precisa­mente en esto: en que quiebra la ficción de que el parlamen­to pueda satisfacer la reivin­dicación y de que para que ello pueda darse es necesario que el pueblo se pronuncie en for­ma directa. Un plebiscito que tiene su origen en una inicia­tiva popular y cuyo contenido es inconfundiblemente pro­gresista, es una forma más desarrollada de democracia que la que representa el par­lamento.

La consigna del plebiscito sirve para la unificación na­cional de las movilizaciones contra la represión, contra el desfalco, contra la impunidad y contra cualquier forma de arbitrariedad. Abramos un debate genuino sobre la con­signa para conseguir la uni­dad de esfuerzos que hará posible una campaña nacio­nal.