ANTE EL DERRUMBE DEL “PLAN” CAVALLO Y DEL GOBIERNO

nota publicada en: https://prensaobrera.com/politicas/47417-

El “plan” Cavallo llegó a su fin a una velocidad equivalente al sonido, gastó, simplemente, que los acreedo­res internacionales se negaran a refinanciar las deudas contraídas por Ar­gentina, para que quedara de inme­diato al desnudo la cesación de pagos en que se encontraban tanto el Estado nacional como las empresas privadas. Quedó al desnudo, entonces, que todo el ‘plan” no había sido más que una impresionante acumulación de deu­das en beneficio del capital especulati­vo. Esta cesación de pagos habrá de afectar en poco tiempo más a las em­presas privatizadas, que se “privatizaron”, precisamente, no a cambio de capital propio de los privatizadores sino de un feroz endeudamiento.

Cesación de pagos

“Los vencimientos de amorti­zaciones del sector público, infor­ma el Cronista Comercial, alcanzan en 1995 a U$S 5.200 millones, a los que hay que sumar U$S 3.800 mi­llones de intereses”, lo que da un total de 9.000 millones de dólares. Pero esto no es todo, porque “este año vencen además cerca de U$S 2.500 millones de títulos del sector pri­vado y otros U$S 2.000 millones de intereses que los privados proba­blemente tampoco puedan reñ- nanciar con facilidad en los mer­cados internacionales…”. Todo esto da una deuda de vencimiento in­mediato de 13.500 millones de dólares. A esto hay que agregarle, sin embargo, algo más: el déficit del comercio exte­rior previsto para 1995 — de 6.000 millones de dólares. La suma de todo da un resultado global de 20.000 millo­nes de dólares, que Argentina no pue­de pagar ni refinanciar.

Estos números ofrecen la sencilla radiografía de una bancarrota. Las reservas del Banco Central, que han bajado en pocas semanas de 16.000 a millones de dólares, no alcanzan para cubrir los pagos pendientes y tampoco podrían ser utilizados para ello, porque constituyen el respaldo de los pesos en circulación. Como, por otra parte, además del cese de las posibilidades de refinanciación, existe una fuga de capital que podría rápida­mente llegar a los 5.000 millones de dólares, la suma de la quiebra menemo-cavallista asciende a los 25.000 millones de dólares.

En el curso de los últimos diez días, la situación se agravó notablemente cuando el gobierno tuvo que abandonar la colocación de nueva deuda en el mercado interno, porque los prestamistas le pedían altas tasas de interés en dólares. La situación empeoró aún más con la noticia de que la papelera Alto Paraná no pagaría una obligación Por 60 millones de dólares que sus acreedores se habían negado a refinanciar. Algo similar ya había ocurri­do veinte días antes de esto con Zanella y con Macri, y había estado a punto de ocurrir con Acindar, la que sin em­bargo había logrado zafar a último momento. Lo significativo del derrum­be de Alto Paraná es que está controla­da por Citicorp, es decir que su cesa­ción de pagos es una decisión de esta corporación norteamericana de preci­pitar un desenlace de la crisis finan­ciera. Citicorp maneja el Citibank y, a través de éste, a numerosas empresas privatizadas. A diferencia del dicho popular, aquí el hilo se cortó por lo más grueso. Muy recientemente, el Citi­corp se jactaba de integrar la “red de seguridad” que se formara para sal­var a los bancos quebrados; de formar un consorcio para evitarla caída de las acciones, y de anunciar en varias opor­tunidades que estaba comprando sus propias acciones para evitar que si­guieran cayendo. Todo esto resultó ser un “bluff”. Como remate para este asunto, hay que tener en cuenta que la industria internacional del papel se encuentra frente a un impresionante “boom ” de precios, lo que significa que los acreedores internacionales le han bajado el pulgar al conjunto del “plan” económico y no solamente a Alto Paraná.

Mal diagnóstico, peor remedio

En lugar de declararse formalmen­te en quiebra, el gobierno Menem-Cavallo ha decidido sobrevivir y para ello denunció que los problemas financie­ros derivaban de la aparición del défi­cit fiscal. El diagnóstico es equivocado por dos motivos. Primero, porque défi­cit fiscal hubo siempre, sólo que disi­mulado por los ingresos de las privati­zaciones y del endeudamiento; segun­do, porque aun cuando hubiera un superávit fiscal, ello de nada serviría, ya que la deuda hay que pagarla con dólares y no con los pesos que obtiene la Tesorería. Si con un superávit fiscal se compraran los dólares necesarios para pagar la deuda externa, el Banco Central se quedaría sin dólares y la economía se quedaría sin los pesos.

El diagnóstico de que la crisis es sólo fiscal ha tenido por objetivo justi­ficar la reducción aún mayor de las jubilaciones y producir una rebaja de salarios. El gobierno se cree tan poco la tesis del déficit fiscal, que acaba de aprobar que los Macri y los ingenios azucareros, que deben centenares de millones de dólares a la DGI, paguen con bonos que se cotizan al 35% de su valor de reconocimiento oficial. La cri­sis fiscal es devastadora, sí, pero en relación a la deuda pública en dólares, que es impagable, y a la caída de re­caudación impositiva que ya están provocando la crisis financiera y la recesión industrial.

La resistencia de los acreedores internacionales a refinanciar la deuda argentina es una consecuencia de la bancarrota del Estado y del capital privado locales. Esto se manifiesta en las moras con los bancos, por parte de la industria, y en la desvalorización que sufrieron los capitales bancarios que tenían invertido su dinero en la Bolsa.

La industria no le paga a los ban­cos, ni éstos tienen condiciones de de­volverle los depósitos a sus clientes. Para hacer frente a esta crisis banca­ria, el gobierno resolvió en los últimos días emitir dinero, lo que legalmente tiene prohibido, para dárselo a los bancos, a cambio de los pagarés que esos bancos no le pueden cobrar a sus clientes. Se trata de una-emisión con­tra un fondo perdido. Cavallo ha aban­donado la ley de convertibilidad por decreto, como tantas veces anticipára­mos que iba a ocurrir desde estas pági­nas. También abandonó la “dolariza- ción”, tal como también lo previmos en nuestra edición anterior, pues se ha largado a emitir moneda nacional sin respaldo en divisas.

La emisión de moneda contra pape­les sin valor debe conducir fatalmente a la devaluación del peso. Para contra­rrestar esta consecuencia inevitable, Cavallo aumenta las tasas de interés con la expectativa de atraer capitales al país y a los bancos. La lucha entre la suba catastrófica de la tasa de interés, por un lado, y la tendencia a la desva­lorización del peso, por el otro, será la fase final que antecede a la devalua­ción del peso.

El FMI

Ante la cesación de pagos, todos los representantes intelectuales de la burguesía reclaman el retorno del FMI (volvé, te perdonamos). ¿Con qué intención? Esa intención la disimulan diciendo que el FMI debe volver para controlar las cuentas fiscales. Cual­quiera se da cuenta que un control fiscal no acaba con el derrumbe. Los que lo reclaman, ni se han dado cuenta que tal pedido equivale a un voto de desconfianza en Menem-Cavallo, es decir que aun ese tibio pedido entraña poner la cabeza del gobierno en la picota. Algunos aseguran que el FMI exigiría una suba de impuestos, el IVA, lo que agudizaría la recesión eco­nómica, disminuiría en consecuencia la recaudación impositiva y agravaría la crisis fiscal que se pretende resol­ver. Finalmente, incluso una mayor recaudación impositiva no superaría la cesación de pagos en dólares, ni modifica la situación de la deuda pri­vada, pues toda la deuda externa de los últimos cuatro años es impagable desde el mismo momento en que fue contratada, ya que supera en volumen a todos los patrimonios reunidos de los deudores. Entre 1991 y 1994 entraron en Argentina capitales de corto plazo, es decir, créditos, por valor de 45.000 millones de dólares.

La única política que puede plan­tear, en estas circunstancias, el FMI, la acaba de adelantar un artículo de The Economist que fue publicado por Página 12. Luego de señalar que “al tratar de aumentar la liquidez ahora (Cavallo) está actuando con­tra el mecanismo natural del plan de convertibilidad”, el semanario inglés pronostica que “el gobierno está aumentando el riesgo de que se produzca un final sangriento del plan de convertibilidad”; “si el retiro de capitales de Argentina es precipitado — como muy bien podría suceder — … podría modi­ficarse la paridad cambiaría”. El retomo del FMI apunta indefectible­mente en esta dirección.

Crisis política, intervención obrera

La cesación de pagos es el anuncio del fin de este gobierno. Preventivo,  Jaroslavsky, autor del pacto de Olivos, acaba de reclamar un gobierno de coa­lición en caso “de que todo reviente antes o después del 14 de mayo”. Massaccesi y Bordón ya se han hecho eco de esta posibilidad. Cavallo sólo puede evitar la aceptación de una de­valuación, renunciando o pudriendo la situación hasta crear el clima para su renuncia. Le endilgaría el desastre a su sucesor.

¿La devaluación es una solución? No lo es en absoluto para las masas, que verán empeoradas enormemente sus condiciones de vida. Para la burguesía, no es tampoco una solución; es una salida a su propia crisis. No puede evitar que sus capitales se desvalori­cen o sucumban, pues ésta es la conse­cuencia de todo el desarrollo capitalis­ta; con la devaluación buscará recom­poner las condiciones para seguir ex­plotando a la clase obrera. Pero una crisis es tanto o más auténtica cuando, afectando por sobre todo a las víctimas del sistema, también golpea a los vic­timarios y coloca a todas las clases intermedias en un callejón sin salida.

El movimiento obrero debe darse ahora una política ofensiva. No tolerar despidos ni rebaja de sueldos, ocupando las empresas y generalizando la lucha. Ni los patrones ni la burguesía tienen una salida para ofrecer a las masas; los despidos provocarán más despidos y las bajas de salarios mayo­res reducciones. No tenemos nada que perder.

Pero las soluciones existen. Prohi­bir la fuga de capitales; nacionalizar los bancos bajo control obrero; desco­nocer la deuda externa; abrir las cajas y tesoros de los grandes capitalistas; reestatizar bajo control de los trabaja­dores las empresas privatizadas y el sistema jubilatorio; aumentar los sa­larios y las jubilaciones; reactivar el mercado interior; plantear un progra­ma común para todos los trabajadores de América Latina que enfrentan la misma situación. Convocar a una ac­ción internacional de la clase obrera.

El próximo 11 de marzo, en la Con­ferencia de la Izquierda, la vanguar­dia revolucionaria de la clase obrera establecerá un polo político de lucha para que los trabajadores puedan ha­cer frente a la crisis de poder.