ELECCIONES 2019: RESOLUCION POLITICA
Frente a las elecciones del FMI, llamamos a votar al FIT-U, por una Asamblea Constituyente Soberana y por un Gobierno de Trabajadores
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El proceso electoral transcurre en el marco de la crisis abierta por la bancarrota financiera de abril-agosto de 2018. La corrida cambiaria de ese período y la mega devaluación del peso, desataron una inflación en gran escala, un derrumbe industrial, la desvalorización de ingresos de los sectores populares, y un crecimiento de la pobreza y de la desocupación. La quiebra del plan económico desencadenó una crisis política excepcional – de gobierno y régimen político, o sea de la “coalición a la carta” entre el macrismo y el peronismo. El rescate del FMI convirtió al régimen político en rehén del capital financiero, y al FMI en su tutor directo. El FMI se ha convertido en el árbitro del proceso electoral, como se manifiesta, por otra parte, en el condicionamiento que ha impuesto a las coaliciones en disputa – forzando a CFK a dar un paso atrás en la fórmula del pejotismo y forzando a Macri a convocar a Pichetto, un peronista con tránsito entre los gobernadores del PJ y con vocación declarada de agente de los fondos internacionales. La magnitud de la crisis obligó al FMI a sumar, al rescate de la deuda pública, miles de millones de dólares para financiar la fuga de capitales del conjunto de los capitalistas. Tomada en su conjunto, la crisis industrial no encuentra salida y se ha acentuado la pauperización social.
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El proceso electoral, repetimos, se encuentra bajo la tutela del FMI – esta es la caracterización fundamental de las elecciones de 2019 que no realiza ninguna de las fuerzas políticas en disputa. Esta tutela determina, al mismo tiempo, la tendencia a la crisis del proceso electoral que, por un lado, queda sujeto a los llamados ‘golpes de mercado’ y, por otro, a la presión de la crisis industrial y a las luchas que se desenvuelven con independencia de las elecciones. En estos términos, la campaña electoral constituye, por sobre todo, un operativo de distracción, en cuanto apunta a hacerle creer a las masas que son un canal de salida a las penurias populares e incluso a la propia crisis. Mientras circulan en profusión los ‘spots’ mediáticos, prosigue la salida neta de capitales y por sobre todo los despidos y cierres de empresas. Las certezas que difunde el gobierno acerca de que el financiamiento del Tesoro se encuentra asegurado, valen lo mismo que las que prodigó Luis Caputo, en enero de 2018, respecto a la cobertura de ese año - sólo que la escala actual del endeudamiento y los plazos, es considerablemente superior. De otro lado, el mercado mundial se encuentra bajo la presión de una guerra comercial y financiera, y del agotamiento de recursos fiscales y de las bancas centrales, para intervenir en un próximo rescate capitalista. La intervención electoral de la izquierda revolucionaria debe denunciar el condicionamiento excepcional que caracteriza a estas elecciones y señalar, a la vanguardia de los trabajadores, que reclama el voto y la presencia en el parlamento para impulsar las luchas, la acción directa y la organización política independiente en pos de un salida obrera a la crisis, o sea por un gobierno de trabajadores. El proceso electoral en curso se distingue de todos los posteriores al de octubre de 2001, porque se desarrolla en un período político de crisis excepcional.
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La posibilidad de una salida capitalista a la crisis actual se encuentra condicionada a que ocurra una derrota política de envergadura de los trabajadores. Esa ‘salida’ significaría una reestructuración de amplia escala de las relaciones políticas y sociales vigentes en perjuicio de los explotados. Es obvio que esta derrota no ha tenido lugar; las luchas obreras, de la mujer, la juventud, los sin trabajo no cesan, y que el régimen político se prodiga en proclamas contra los derechos de los trabajadores, pero no ha reunido las condiciones políticas para imponerlas. No alcanzan para ello los resultados electorales que obtengan unos u otros. Bien mirado, las coaliciones electorales que se han formado revelan una atomización sin precedentes de las fuerzas patronales tradicionales, como se pondrá de manifiesto en el próximo Congreso. En el campo de la clase obrera se desarrollan luchas de gran porte: la toma de Minetti; la toma de la empresa Suchen (mielcitas) contra los despidos (el 90%, mujeres sostén de hogar); la huelga de UTA en el interior; la toma del Ministerio por parte de los fileteros de Mar del Plata; la rebelión en Ecocarnes contra la burocracia de Fantini; la lucha de Unilever Gualeguaychú; la lucha salarial en el ingenio tucumano de Marapa; lo mismo en sanatorio Sol en Bariloche; la gran huelga en Minera Aguilar; la movilización del Sutna por paritarias; la ocupación de Canale y la posibilidad de su expropiación; las luchas ‘sottoterra’, como las que se desarrollan en los talleres del Subte; la rebelión docente en Chaco; la situación en Cresta Roja; entre otras. Las elecciones deben ser utilizadas para desarrollar una campaña que prepare el choque de clases que prefigura esta situación de conjunto. Se trata de una preparación política que debe manifestarse, para empezar, en una campaña de reclutamiento de los obreros y luchadores más activos. “Las elecciones se juegan con cartas marcadas. Que no nos estafen, organicémonos con el Partido Obrero y votemos al FIT-U para preparar la salida política victoriosa de las próximas luchas”. Separar el episodio electoral del conjunto de la etapa abierta por la bancarrota en curso es un obstáculo para una campaña obrera y socialista, y constituye un electoralismo sin fundamentos ni posibilidades. Cada campaña electoral está atravesada por su propia etapa política.
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El proceso electoral disimula la crisis de conjunto desatada por la bancarrota económica. Las consignas de la etapa no quedan suspendidas por el episodio electoral; lo contrario es un craso oportunismo. La reivindicación de una Constituyente Soberana que revoque los poderes del estado tiene la actualidad que le da el impasse del régimen político y social. Plantea una transición de poder, cuando las masas aun no han alcanzado una consciencia socialista; es la consciencia que deben desarrollar los partidos revolucionarios en la lucha por la Constituyente Soberana, o sea con poder ejecutivo. No es casual que Pichetto haya justificado la alianza con Macri en la lucha contra el planteo “asambleario”. La Constituyente ocupa por eso un lugar preponderante en la campaña electoral - lo contrario es electoralismo, porque una agitación que no responde a una estrategia, no es agitación, es charlatanerismo. La oposición de los partidos capitalistas, y en especial del nacionalismo, a la Constituyente Soberana, debe ser usada para explicar que su función revolucionaria depende enteramente de la conquista del poder por un gobierno de trabajadores. En este marco, cualquier agudización de la crisis política y social, en el curso de la presente campaña electoral, da actualidad a la consigna Fuera Macri y el FMI, por una Constituyente Soberana – lo contrario equivale a subordinar la acción política directa a la boleta electoral y es militar a espaldas de una crisis que no cesa de manifestarse incluso cuando se intenta encubrirla por medio de la zanahoria del voto a los aparatos. La Constituyente Soberana es la expresión política del no pago de la deuda, porque el repudio de la deuda es una acción política, no una redistribución de los gastos del presupuesto, lo que implica reivindicar y poner en práctica la soberanía popular, o sea deliberativa.
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El recambio político de 2015, que llevó al gobierno a una camarilla dispuesta a superar el impasse del gobierno precedente y del capital con un planteo estratégico ofensivo, es muy instructivo. Enseguida ingresó en una crisis: entre los partidarios del ‘gradualismo’, de un lado, y el ‘shock’, del otro. El ‘gradualismo’ se impuso, porque encubría un negociado gigantesco de endeudamiento para financiar obras de infraestructura y desarrollo inmobiliario, y para hacer viable el giro de utilidades y pago de servicios al exterior. Ese recambio electoral no fue suficiente para imponer una reestructuración social y política de conjunto; el proyecto, que se insinuó triunfante en 2017, se encuentra ahora bajo la amenaza de una derrota. La ‘polarización’ electoral, que los encuestadores anuncian extrema, es un resultado del derrumbe económico y sus consecuencias políticas, no de una vitalidad renovada del kirchnerismo, que participa ahora buscando esconder su gestión pasada. Las coaliciones macri-peronistas, de un lado, y kirchnero-pejotistas, del otro, ponen en evidencia una tendencia a un gobierno de unidad nacional, como recurso final de gobernabilidad.
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El macrismo cifra sus posibilidades de supervivencia en el gigantesco subsidio que recibe del capital especulativo y del FMI; o sea en un incremento mayor de la abusiva hipoteca financiera. Por otro lado, varios filibusteros de la política aseguran que los gobernadores, con y aún sin “boleta corta”, trabajan subterráneamente para el macrismo. En las elecciones provinciales recientes, el macrismo ha perdido las capitales con mayor padrón electoral. Para contrarrestar este retroceso, numerosos gobiernos han salido a apoyar al oficialismo, en especial Trump y Bolsonaro. Se trata de una enorme apuesta política y financiera. Las elecciones de Argentina se cotizan en las Bolsas internacionales. Para imponer su política y sus negocios, el ‘establishment’ internacional procura la intervención a su favor del aparato de justicia de Argentina – una suerte de ‘replay’ de lo ocurrido en Brasil. Las elecciones se disputan en la Justifica federal y en los servicios de inteligencia; China y Rusia ponen los suyos también. La llamada polarización engendra su propia crisis política. Un aspecto de ella es el ‘doble comando’ instalado en la fórmula justicialista. CFK ha renunciado hace mucha a desempeñar un rol de agitadora popular, para ofrecerse como un rescate del sistema y un muro contra su hundimiento. El kirchnerismo se alinea con quienes han sido y siguen siendo aliados pejotistas del macrismo (los gobernadores y los parlamentarios que sostuvieron al gobierno de Macri), asegurando un re-recambio continuista. Tanto unos como otros, o sea Macri como F-F, no podrán gobernar como lo venían haciendo – la bancarrota financiera, la crisis industrial y las luchas de los trabajadores obligarán a una nueva transición, incluido un gobierno de unidad nacional. La burguesía nacional y sus partidos no están dispuestos a “recordar sus deberes nacionales” frente a la exacción extranjera, porque esa misma burguesía es la dueña de más de la mitad de la deuda pública.
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La renegociación de la deuda contraída con el FMI condiciona los planteos del macrismo y del kirchnerismo. El primero ofrece a cambio ir por lo que no consiguió hasta ahora - las contrarreformas laboral, previsional e impositiva, e incluso la sujeción del peso al dólar. Para ello tendrá que reunir las condiciones políticas necesarias, o sea enfrentar crisis políticas mayores. Los F-F han sido más escuetos pero no menos contundentes - parar la inflación con un “pacto social” que sujete políticamente a los sindicatos. El macrismo también ofrece un “pacto social”, aunque de otro formato, esto porque la flexibilidad laboral, en su caso, implica diferenciar a la clase obrera mediante un ‘premio’ compensatorio de la flexibilidad laboral para la escala social superior de la fuerza de trabajo. Esto explica el apoyo al macrismo de parte de un sector considerable de la burocracia de los sindicatos, e incluso el apoyo futuro del que hoy se anota como opositor. El kirchnerismo, por su lado, ofrecerá al FMI una receta alternativa: la suspensión de las paritarias y los acuerdos de precariedad por empresas, o sea un ‘pacto social’ con otra parte de la burocracia sindical.
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Ocho años después de su formación, el Frente de Izquierda vuelve a presentarse como una coalición exclusivamente electoral, que se disgrega enseguida en diferentes bloques parlamentarios. Este límite electorero afecta su autoridad antes las masas, y le impide, por ello solo, desempeñar un rol revolucionario. Su condición ambigua y episódica explica en parte el desplome en votos que ha sufrido en las elecciones provinciales. Las direcciones del FIT rechazan asumir cualquier responsabilidad política por este estancamiento y recurren para justificarlo al “obstáculo” que representaría el kircherismo y, ahora la polarización. La llamada polarización, sin embargo, es el resultado del papel jugado por cada fuerza en presencia frente a la crisis, que el FIT no enfrentó como un frente único actuante, ni por medio de una agitación política. Ha buscado salir de esta encerrona con la propuesta de ampliar el frente electoral, acentuando de este modo su perfil alejado de frente de lucha o acción. Se encarrila, al menos para un sector del FIT, a la formación de lo que se llama “el partido amplio”, es decir un partido heterogéneo y contradictorio que nace bajo una presión electoral. El electoralismo, en tanto estrategia política, es incompatible con el objetivo de un gobierno de trabajadores. Los ‘spots’ del FIT-U ofrecen “cambiar la historia”, ni más ni menos, por medio de la papeleta electoral. Otros candidatos llaman a votar al FIT-U en las Paso, con el objetivo de convertirlo “en tercera fuerza” en octubre – una manifestación sin ambages de cretinismo parlamentario. Caracteriza a las masas como “pasivas” o en “retroceso” para justificar la deriva electoralista, sin percibir que esta deriva acentúa la pasividad y el retroceso. El programa que improvisó el FIT-U para las elecciones no traza una perspectiva de crisis mayores y choques inevitables entre el capital y los trabajadores, lo que supone que el capital podría imponer su política sin resistencias, incluso rebeliones. La caracterización que hace el FIT-U de estas elecciones no dice una palabra sobre el impasse de la burguesía frente a la crisis, incluido su alto grado de inmovilismo político, a pesar de la verdadera oleada de crisis en el plano político en el último año y medio. Sustituye en más de una ocasión el slogan “que la crisis la paguen los capitalistas” por la de que paguen “empresarios”, “especuladores”, “oligarcas”, es decir que no ataca al capitalismo como sistema de explotación sino que adopta el clásico enfoque ‘populista’ de atacar a determinados núcleos dentro de este sistema. No denuncia el operativo distraccionista y encubridor del proceso electoral, adjudicando este enfoque a un “cretinismo anti-electoral”. En un período convulsivo como el que sacude a Argentina, donde tuvieron lugar varios paros generales, una gigantesca lucha en desarrollo de la mujer, la enorme manifestación del 2x1, el coreo multitudinario de MMLPQTP, ocupaciones de empresas y yacimientos, y las jornadas del 14 y 18 de diciembre e innumerables cortes de calles y rutas por parte de trabajadores sin trabajo, es necesario un balance de estas luchas, para elevar su consistencia y empuje y plantear una estrategia, o sea arribar a un planteo de poder. Las conclusiones de ese balance servirían para impulsar desde la tribuna electoral la acción directa y la organización política militante de la clase obrera, y eliminar de las masas el espejismo e incluso la obnubilación electoral, para que vean a las elecciones como un instrumento de lucha, de acuerdo a condiciones concretas. Con estas limitaciones, el Frente de Izquierda-U es la única fuerza relativamente antagónica a los explotadores en estas elecciones y una boleta para que el trabajador se reconozca como tal, hasta cierto punto, frente a los partidos, coaliciones y candidatos del capital.
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La dirección oficial del Partido Obrero se ha valido de toda clase de instrumentos para bloquear la participación en las elecciones y en la campaña electoral de los compañeros que reclaman el reconocimiento de una tendencia al interior del PO con derecho a una intervención pública proporcional a su representación partidaria. Se han eliminado candidatos ya votados por sus regionales, se priva de recursos a otros que no han podido sustituir o se interviene judicialmente a comités como Tucumán para sostener a una minoría sin principios ni escrúpulos. Nuestra corriente, avalada por un documento político que suscriben 900 militantes, no se resigna a mirar la lucha electoral desde el balcón, por lo que ha resuelto participar en ella, apoyando al FIT-U (unidad de acción), en los términos expuestos en los documentos de nuestra tendencia.
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Por una Constituyente Soberana, Por un Gobierno de Trabajadores, llamamos a votara al FIT-U.
13 de julio de 2019