NOTAS DE LA SEMANA: BARCELONA, VENEZUELA

Diez días después de los atentados en Barcelona, se confirma el perfil trazado en las primeras horas del grupo terrorista que lo llevó a cabo. En efecto, no fue una operación organizada por el Estado Islámico, que se encuentra en un retroceso mayúsculo tanto en Siria como en Irak, sino de un grupo de doce personas extremadamente jóvenes dirigidas por un Iman, que habría muerto antes del atentado como consecuencia de la explosión de bombas en la morada que tenía como alojamiento. “Eran chicos”, declaró un vocero de la ciudad de Ripoll, lugar de residencia de la célula terrorista (Clarín, 24.8). “Los 12 invisibles”, es el título de un artículo del diario El País (19.8), que agrega en la bajada que “Los integrantes del grupo no tenían antecedentes de terrorismo”, y los califica como “gente nueva”. Esto es suficiente para impugnar la caracterización del atentado como “fascista”, que vale solamente para un movimiento de masas desclasadas contra las libertades democráticas y el movimiento obrero.

“De París a Barcelona, las nueva figuras del jihadismo europeo” (Le Monde, 24.8) describe un proceso diferente: “el involucramiento sorprendentemente fuerte de terroristas marroquíes o de origen marroquí en los atentados”. El autor de la nota, un especialista en el tema, señala que “la diáspora marroquí muestra signos de radicalización (sic), en particular la de origen amazigh, reprimida por el poder marroquí y penetrada de su sentimiento de inferioridad y de indignidad de ciudadanos de segunda zona en Europa”. Agrega, asimismo, que “En Francia, el sentimiento de no-ciudadanía de una gran parte de los jóvenes de origen marroquí juega un gran rol en su malestar: se sienten sometidos a formas neo-coloniales de humillación”. Esta descripción conjuga la crisis social capitalista europea con la que conmueve a las sociedades árabes y musulmanes, como consecuencia de la crisis mundial, del agotamiento de sus estructuras históricas atrasadas y de las guerras imperialistas en el Medio Oriente – como medio de supresión de las revoluciones árabes y de conquista de nuevos espacios de explotación petrolera y gasífera.

La circunstancia de que la violencia terrorista de estos sectores tenga un carácter reaccionario, no refuta de ningún modo que sea la expresión de la explotación social, de la opresión nacional y de las guerras criminales. Se trata de una violencia reaccionaria porque tiene un programa retrógrado y apunta contra la población civil y los trabajadores El apresuramiento en “repudiar” a este terrorismo, sin embargo, obviando una caracterización adecuada de sus raíces, o sea que sin caracterizarlo como un eslabón de la opresión imperialista y de la crisis capitalista, corre el riesgo de emparentarse con la condena hipócrita de los mismos círculos imperialistas que son los responsables de todas las masacres que está viviendo la humanidad – sin olvidar la persecución y la represión contra los refugiados de guerra. Esto explica la consigna “no a la islamofobia”, que han debido esgrimir los sectores progresistas de Cataluña, y antes en Francia y Bélgica.

La monarquía española se apuró en instrumentar al ‘terrorismo islámico’ para lanzar una campaña de ‘unidad nacional’ contra las tentativas separatistas de Cataluña e incluso el derecho a la decidir por medio de un plebiscito. Hizo un aprovechamiento reaccionario de una violencia reaccionaria. El manejo ha acentuado la crisis política en el estado español frente a la cuestión catalana, y el rey salió repudiado y machucado de su último paseo por Barcelona. Esto no significa que el nacionalismo catalán sea progresivo, pues el estado catalán ha demostrado en toda el curso de la crisis mundial que sigue una política de ajuste contra los derechos sociales de las masas y una guerra de clase contra los derechos laborales. La defensa del derecho a la autodeterminación nacional por medio de un referendo no debe significar un apoyo a la separación, que en cualquier caso mantendrá a Cataluña dentro de la Unión Europea y la Otan. Abogamos por un Federación Socialista de todas las nacionalidades de la península Ibérica.

VENEZUELA, LA CONSTITUYENTE Y TRUMP

La primera medida que adoptó la Constituyente de Venezuela fue ratificar la presidencia de Nicolás Maduro y cercenar, de ese modo, su propia soberanía política para reforzar un poder de carácter personal, que se encontraba cuestionado por la Asamblea Nacional, controlada por la derecha. Asimismo, determinó su propio mandato, por ahora, en dos años, en coincidencia con el que tiene aún Maduro de acuerdo a la Constitución vigente. Enseguida derogó los límites impuestos por esta Constitución, elaborada por Hugo Chávez, al porcentaje de participación privada en las operaciones conjuntas con la estatal Pdvsa y abolió el monopolio estatal de la exportación de petróleo. Satisfizo de esta manera el reclamo de la rusa Rosneft (en cuyo capital figuran bancos privados rusos y la British Petroleum) para operar yacimientos en la cuenca del Orinoco y exportar su producción. Esta modificación habilita la privatización parcial o total de otros minerales y también de las industrias del hierro, acero y aluminio”. Con estas medidas pretende obtener el socorro financiero de Rusia y de China para evitar el ‘defol’ de la deuda pública. La Constituyente convocada por Maduro ha debutado deshaciendo el armado parcialmente nacionalista del chavismo. Quienes defendieron su convocatoria con el argumento de que serviría para una movilización de masas contra la derecha, han sufrido un rotundo desmentido y un manifiesto revés político.

En forma más o menos simultánea, Donald Trump dictó una ‘orden ejecutiva’ que prohíbe transacciones con nuevas emisiones de deuda de Venezuela. No está claro si alcanza solamente a compañías norteamericanas o a cualquier emisión de deuda nominada en dólares. En cualquier caso no afectaría a los mercados europeos o a emisiones en monedas diferentes al dólar. Este ataque alevoso a los derechos soberanos de Venezuela, que es claramente una medida de guerra económica, ha suscitado interpretaciones encontradas. De un lado, ha sido denunciado como un boicot a la posibilidad de Venezuela de obtener fondos, y por lo tanto como una medida de asfixia financiera. Venezuela, sin embargo, enfrenta una dificultad insuperable para obtener dinero fresco del exterior, debido a que se encuentra en una situación de cesación de pagos a mediano plazo. Una emisión que fue comprada por Goldman Sachs, por u$s2300 millones, hace un par de meses, fue colocada con un descuento de más del cincuenta por ciento. Las potencias capitalistas grandes y medianas han decidido desconocer a la Constituyente, lo cual priva de legalidad a las emisiones de deuda en el exterior. Por este motivo, el boicot establecido por Trump puede ser interpretado como una medida de protección a los bancos norteamericanos, para que no compren deuda venezolana que luego no sería reconocida en jurisdicciones de EEUU o extranjeras. Lo que no está claro es si el veto yanqui cierra el camino a una reestructuración de deuda con los acreedores internacionales: si la respuesta es afirmativa, la orden de Trump equivale a un llamado al golpe de estado. Un agente de las finanzas internacionales, el venezolano Ricardo Hausmann, estima en más de u$s60 mil millones la deuda que debería ser reestructurada, por parte de un nuevo gobierno en Venezuela (Clarín, 27.8), que se agregaría a otra cifra similar de deuda nueva.

La crisis en Venezuela se ha convertido en un conflicto internacional, desde que enfrenta el bloqueo financiero norteamericano, de un lado, al socorro financiero de China y Rusia, por el otro. Es un socorro cargado de exigencias, pues implica, como ha sido señalado, la privatización de la explotación minera en general y de su comercialización internacional. Una reestructuración de la deuda de Venezuela con Rusia se ha incumplido y plantea una nueva negociación. La deuda con China ha sido estimada en u$s65 mil millones y solamente podría ser cancelada en forma parcial mediante la entrega de activos venezolanos, en minería. Concesiones semejantes abrirían un conflicto con EEUU. El régimen de Maduro atraviesa por un desfiladero estrecho. El Vaticano ha solicitado la mediación de Rusia y China para resolver la crisis política de conjunto (Clarín, La Nación, 27.8). Bajo la batuta de Maduro, Venezuela terminaría repartida entre yanquis, europeos, rusos y chinos.

En el plano político, el gobierno ha llamado a elecciones de gobernadores para octubre próximo, aunque se reserva el veto a los candidatos opositores que estime incurso en ‘violencias’ o ‘delitos políticos’. La oposición de derecha (“desmoralizada” (Le Monde, 22.8) ha decidido participar y denunciar las ‘proscripciones’; es claro que ha renunciado a nuevas iniciativas políticas y solo espera resultados del boicot financiero internacional o de una negociación ‘vaticana’ entre las potencias extranjeras en conflicto. La impotencia que manifiesta la derecha venezolana es una excelente ocasión para impulsar una alternativa obrera y socialista al gobierno sin salida del madurismo y la camarilla militar.

La conclusión que emerge de este proceso es que los trabajadores de Venezuela no pueden esperar ninguna salida progresista que provenga del gobierno de Maduro o de la oposición pro-yanqui. La Constituyente ha muerto al tiempo de su nacimiento – ha sancionado una política entreguista. Con una inflación del 700% anual y una caída del PBI del 30% en cuatro años, esta Constituyente no ha tomado ninguna medida auténtica de salida, ni mucho menos el control obrero del conjunto de la economía. La salida para la clase obrera de Venezuela pasa por la reorganización completa del Estado, por parte de un gobierno de trabajadores, que elimine a la burocracia corrupta, por un lado, para reforzar la nacionalización de los recursos e industrias básicas y un plan económico único, y que, por el otro lado, subordine la deuda externa a la solución de los problemas básicos de salud y alimentación y del desarrollo de las fuerzas productivas del país.

Es necesario, a escala de toda América Latina, una fuerte lucha política, que denuncie, por un lado, el carácter capitalista de la crisis de Venezuela – crisis de sobreproducción de hidrocarburos y crisis de endeudamiento externo – y, por otro lado, el carácter parasitario del nacionalismo burgués y la gestión capitalista de la crisis (prioridad de pago de la deuda externa). Un recambio del régimen bolivariano por uno macrista significará, como en todo el mundo, una liquidación de las conquistas sociales remanentes y una oportunidad de mayores beneficios para la especulación capitalista.