LA CRISIS ENERGÉTICA DESDE LA IZQUIERDA
En La Nación de hoy (17.8), aparece un artículo que se propone abordar “las cuatro verdades incómodas de la crisis energética”, que firma el ex secretario Daniel Montamat. Una lectura crítica del texto ofrece la oportunidad de proceder a una refutación incómoda de esas incomodidades.
Montamat describe una “descapitalización” de la industria, que atribuye “a precios y tarifas políticos y a una intervención discrecional. La realidad (que él pone en clave aristotélica-peronista) no es exactamente esa. Es cierto, claro, que la obsolescencia de esa industria es enorme, pero no ocurre lo mismo con sus grupos de control, cuyo capital ha crecido en forma sustancial. Pampa Energy, por ejemplo, la titular de Edenor, que controla el “grupo Mindlin”, era casi una pyme en 2001, en cambio ahora cotiza en las bolsas internacionales y acaba de adquirir Petrobrás, lo cual la convierte en una compañía vertical en el área. No solamente Lázaro Báez ha visto crecer en términos exponenciales su patrimonio. La industria energética a la que se refiere Montamat combina el desgaste de los activos con una generosa capitalización económica. Es lo mismo que ha ocurrido con los Cirigliano, entre otros, en la industria ferroviaria. La intención o finalidad de los subsidios fue crear los llamados ‘campeones nacionales’, que Kicillof reivindica como la esencia estratégica del kirchnerismo. La “intervención discrecional” que fustiga Montamat ha servido para aquello que el común de los mortales ha bautizado como “empresas pobres y empresarios ricos”. Si esta es la situación, el tarifazo que Montamat defiende con sus argumentos premiaría a quienes desahuciaron a la industria, pero, aún peor, dejaría el futuro de ella, como instrumento de desarrollo nacional, en las manos más inadecuadas.
Más allá de la descripción parcializada, Montamat procura, con esos mismos términos, explicar el abandono tecnológico y operacional, o sea, sus causas. Sin embargo, el verdadero derrumbe del negocio energético lo provocó el régimen de convertibilidad y privatización que inauguraron Menem-Cavallo en los 90. En efecto, la energía colapsó con la devaluación del 75% del peso en 2001: las compañías no podían hacer frente al montón de deuda ‘barata’ que acumularon para financiar la adquisición y la operación del servicio, y los consumidores no podían seguir pagando tarifas dolarizadas. Los subsidios y la “intervención discrecional” emergen como un instrumento ‘clásico’ de rescate capitalista a cargo de los trabajadores – que es sobre quienes recae la carga impositiva más elevada.
Este procedimiento no se aplicó solamente a la energía: en las mismas circunstancias, los bancos recibieron incalculables redescuentos del Banco Central (subsidios) cuando su patrimonio se había convertido en negativo por el defol de la deuda pública que tenían en su poder, así como su cartera de préstamos en general. El kirchnerismo recibe un tratamiento ingrato por los servicios prestados, por parte de quienes necesitan hoy un rescate de características diferentes por parte del rival político de los K. El kirchnerismo salvó las privatizaciones en medio del mayor derrumbe de la historia – un derrumbe que ocurrió en Bolivia y en Perú, igualmente, y obligó a nacionalizaciones parciales. Asimismo, pretender que un contribuyente del IVA, ingresos brutos, tasas municipales, aporte previsionales (54% del salario) es el beneficiario principal de un subsidio que él mismo está financiando con su salario u otro ingreso de su labor, suena más bien a despropósito. Por otro lado, el usuario tampoco tuvo la ocasión de gozar del beneficio de la tarifa subsidiada, pues era descontada en las negociaciones salariales en función de un costo relativo menor de la canasta familiar.
Montamat disimula con su terminología acerca de los “precios competitivos” que la finalidad de los tarifazos es retornar a los precios dolarizados anteriores al derrumbe de la convertibilidad. La prueba de que esto es así lo constituyen, contradictoriamente, los sobreprecios que reconoce para el barril de petróleo y el gas en boca de pozo, con relación al precio internacional. ¡El ‘intervencionismo’ se convierte en legítimo cuando sirve para establecer un piso ‘discrecional’ de rentabilidad.
Montamat procura negar, hasta cierto punto, que el tarifazo en discusión es un rescate destinado a que los usuarios financien, ex ante, la reconstrucción de la industria. Para eso destaca que no existe un mercado mundial del gas, como ocurre con cualquier otra materia prima, justificando de este modo la pretensión de establecer un precio nacional más alto que los vigentes en otros países. La ausencia de plantas de regasificación del combustible previamente licuificado en el exterior, es simplemente una medida proteccionista, no arancelaria, como las que se aplican a numerosos otros productos e incluso ‘commodities’.
EEUU practica otra clase de proteccionismo; a pesar de su avance extraordinario en la obtención de shale gas y shale oil aún mantiene prohibida la exportación del crudo para no transferir renta minera a la industria europea, lo mismo ocurre con el gas. Sin embargo, ese precio ‘no mundial’ inexistente ha caído, curiosamente, al unísono, en todo el mundo, y por una razón de lo más simple: porque de lo contrario, el país que no siguiera la corriente bajista sacaría del mercado a sus industrias, que utilizan el gas como insumo. De un tope de u$s 12.50 la unidad térmica ha caído a u$s 2.75 – el gobierno lo ha establecido en seis dólares. El tarifazo, Montamat debiera admitirlo, es, de nuevo, subsidio, esta vez del usuario a la industria minera.
El planteo de Montamat adolece de una contradicción, en relación a un punto que no solamente advierte sino subraya. Él critica la política de dólar barato (peso sobrevaluado), porque incentiva el endeudamiento en moneda extranjera y la perspectiva de una crisis como la de 2001/2. No advierte, sin embargo, dos cosas: una, que las privatizadas cotizan y pagan dividendos en las bolsas extranjeras y, dos, que la modernización del área está concebida a partir de un fuerte endeudamiento internacional. Los voceros económicos del gobierno no han apuntado casi a ningún otro espacio rentable para la inversión financiera del exterior. Algo más: un dólar barato abarata, medido en pesos, el tarifazo indexado al dólar, y lo hace más viable o digerible.
El embate contra el ‘intervencionismo discrecional’ K (que es indisputable) deja en pie la mayor ‘discrecionalidad’ del ‘viejo’ enfoque tarifario: es que el tarifazo conserva la enorme carga impositiva ‘heredada’ y que funciona como impuesto a los consumidores. Si fuera eliminada, como el gobierno lo hizo con las retenciones a la exportación, la energía se abarataría mucho. Naturalmente, habría que compensar la detracción fiscal y no hacerlo sobre los mismos a los que se retirarían esos impuestos. Las fuentes objetivas para hacerlo existen: la renta agraria, que recoge la 1/60 ava parte del precio de mercado de la tierra; la renta financiera, especialmente ahora que se producen enormes ganancias de capital en Bolsa y mercados de valores. En forma secundaria, estas medidas encarecerían las divisas extranjeras, como aspira Montamat, y hasta compensaría a las ramas exportadoras cuyas rentas serían gravadas en serio.
Dicho esto, comparto una conclusión que Montamat señala ya en el inicio: “no hay solución al problema sectorial de la energía si no hay solución al problema integral de la Argentina”. Parece una observación obvia, pero no lo es, porque destaca que enfrentamos una crisis sistémica de régimen social y político. Como la salida adecuada a los mejores intereses nacionales y de los trabajadores no lo podría dar la conocida ‘patria contratista o, más apropiadamente, la burguesía nacional, los trabajadores debemos recoger el desafío de impulsar un programa alternativo de conjunto, con todas las consecuencias políticas correspondientes.