NI LEY NI PARO

Después de la concentración convocada por las centrales sindicales del 29 abril pasado, por muchos debe haber pasado por la cabeza que si la autodenominada “ley anti-despidos” no se convertía en realidad, caía del árbol la fruta madura del paro general. El “frente anti-macrista” que se había desplegado aquel día frente a la facultad de Ingeniería, habría revertido el “frente pro-macrista” que, pocas semanas antes, había ‘brillado’ con “la salida exitosa” del ‘cepo’, comprada a u$s16 mil millones a tasas de interés usurarias. Yasky y Micheli aseguraban que la huelga general saludaría con estruendo cualquier bloque al proyecto contra las cesantías, ni qué decir un veto presidencial. Y bien, no. El kirchnerista Caló disipó cualquier posibilidad de paro ante Clarín, el sábado. Antes, la UOM había firmado un convenio anual que estipula, un aumento salarial en cuotas, que promedia cómodamente por debajo del 30% - doce puntos debajo de la tasa de inflación anual. La burocracia sindical anuncia una unidad cegetista que incluye a Luis Barrionuevo, que acaba de firmar un convenio de fomento al turismo con el gobierno macrista, con la vista puesta en sus hoteles y locales de gastronomía. Barrionuevo repudió incluso el proyecto ‘anti-despidos y es un peón del macrismo – lo cual no obsta para que integre la CGT. Moyano, convertido en presidente de Independiente, está atrapado ahora por ‘inquietudes’ distantes de las sindicales. La burocracia sindical logró sustraer a las obras sociales de la ley de acceso a la información pública, con el voto de macristas y kirchneristas – ni qué hablar de Massa, cuyo burócrata Héctor Daer, fue el gestor de la excepción. El mismo FpV no tuvo empacho en tirar la talla antes que nadie, puesto que ni siquiera insinuó rechazar el veto con los dos tercios (que ya tiene) del Senado y con una campaña para conseguir la decena de votos que se necesitan en Diputados. El gobierno K, en la ‘década ganada’, había rechazado él mismo cualquier limitación al derecho patronal a despedir, y muchas veces colaboró en primera línea a favor de esos despidos – por ejemplo, entre tantos, Gestamp, Pati, Lear. No hubo que esperar siquiera el anuncio del veto, para que la burocracia firmara en bloque el salario mínimo de poco más de $6 mil pesos, cuando la canasta cuesta 18.300 pesos. El “frente anti-macrista” se reconvirtió sin siquiera pestañear en el frente pro-macrista”, compuesto en grandísima parte por los mismos bloques y los legisladores. Lejos de reforzar las condiciones para una huelga, el desgaste parlamentario ha servido para disiparlas. Agotemos la etapa parlamentaria para ir a la huelga contra el ajuste, se reveló una previsión equivocada, porque la burocracia sindical y los partidos patronales inventaron la etapa parlamentaria y el proyecto ‘anti-despidos’ para evitar el recurso a la acción directa, o sea a la huelga – incluso contra las suspensiones, que son cada vez más extendidas. Recurrieron al parlamento para desviar el descontento popular que rápidamente había producido la disparada de la carestía. El reintegro judicial de un trabajador o la doble indemnización son vías para que los despidos masivos no sean enfrentados por medio de la lucha. La burocracia sindical no se ha puesto al frente del combate contra los despidos, salvo dos o tres excepciones localizadas. El dictamen anti-despidos fue una coartada de la burocracia sindical para llevar el asunto al callejón sin salida de la justicia. Solamente denunciando el conjunto de la farsa parlamentaria se podía ayudar a crear condiciones para imponer un paro nacional, tanto contra los despidos como contra la caída de los salarios. Hasta que el gobierno de Macri no sea sacudido por sus propias contradicciones y por la lucha popular, los partidos patronales y la burocracia sindical se encolumnarán en ‘defensa de la gobernabilidad’, de la cual comen y maman todos ellos. Los comentaristas políticos no han esperado en interrogarse acerca de si Macri hará del uso del veto un método de gobierno. No es en el ámbito parlamentario, sin embargo, donde el gobierno enfrentará sus verdaderos problemas, sino, por un lado, en las reacciones populares con el ‘ajuste’ y, por el otro, en las contradicciones cada vez más violentas del proceso económico, en especial por el impacto de la crisis mundial en los próximos meses. El capital político del macrismo se reduce al aprovechamiento del derrumbe de las experiencias ‘n&p’ en América Latina y a la posibilidad, por lo tanto, de que emerjan otros gobiernos macristas en el sub-continente. Todos estos eventuales gobiernos batirán el parche de la “corrupción heredada” – no por encomillada menos real. La memoria popular no es, sin embargo, tan corta como para no tener presente el carácter anti-obrero violento de las políticas de ‘ajuste’. Lo más importante es el desarrollo de la crisis capitalista; todas las medidas aplicadas, a nivel mundial, para cerrar este ciclo de crisis, han fracasado. El episodio anti-despidos ha expuesto la farsa del ‘frente anti-macrista’. Enseña nuevamente la necesidad de desenmascarar al parlamentarismo, que es una máquina para impedir la realización de las aspiraciones populares y un instrumento para engañar a las masas. La acción parlamentaria debe estar encuadrada por una agitación política sistemática, que por un lado denuncie el impasse del capitalismo y sus gobiernos, y por el otro ofrezca el programa para salir de sus ‘ajustes’ sin salida – laborales, sociales, habitacionales, previsionales, culturales.