EDICIÓN DEL SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE DE 2001
Sobreseen a los Macri por
contrabando de autopartes
La decisión de la Cámara fue calificada como insólita. Tres jueces, un fiscal y la Cámara en lo Penal Económico no dudaron de que el delito se cometió. Pero la Cámara Nacional de Casación Penal cerró ayer la causa.
Buenos Aires.- Los empresarios Franco y Mauricio Macri y otros ex directivos de la desaparecida empresa Sevel fueron sobreseídos hoy, en la causa donde se los investigaba por contrabando agravado a raíz de supuestas irregularidades en la importación de autopartes, informaron a DyN fuentes judiciales. Es que la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió sobreseer con carácter total a la empresa Peugeot-Citroen Argentina, en su condición de continuadora de Sevel por entender que no hubo delito en la causa. Y así concluyó también en el sobreseimiento de los imputados. Con esta resolución, no sólo se vieron beneficiados los Macri sino también una decena de directivos de la ex Sevel que habían sido imputados en la maniobra por contrabando agravado, un delito que se castiga con hasta 12 años de cárcel. También se vieron indirectamente favorecidos los funcionarios de la Aduana, que en el momento de las supuestas anomalías encabezaba Gustavo Parino, que podrían haberse visto salpicados por el caso. La sala III de Casación, compuesta por Gustavo Mitchell, Eduardo Riggi y Guillermo Tragant, llegó hoy sorpresivamente a esta decisión, al resolver en un planteo que había hecho la firma Peugeot-Citroen para intentar separarse de la causa que se le seguía a la ex Sevel por esas importaciones. El juez Tragant incluso pidió que cese el perjuicio al que se vieran sometidos los hasta hoy imputados y el consecuente riesgo de la continuidad de la empresa, lo cual les permitía cobrar reintegros del Estado. Según la acusación, en el país vecino las autopartes eran ensambladas hasta convertirlas en automóviles y camionetas que eran traídos a Argentina bajo el régimen de importaciones vigente en el Mercosur, con lo cual no se pagaban aranceles. Esa operación habría comprendido unos 1.300 vehículos y alcanzado alrededor de 100 millones de pesos. La causa estaba a punto de ser elevada a juicio oral. Por esos hechos fueron procesados como supuestos autores del delito de contrabando agravado en forma reiterada Franco Macri y Doménico Giuseppe Giovanni Ferraris, presidente del directorio de Sevel Uruguay, y se les habían embargado bienes por 5 millones de pesos a cada uno. En octubre del año pasado, la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico había ratificado esos procesamientos y ordenado investigar al actual presidente de Boca, Mauricio Macri, quien finalmente fue procesado por los mismos delitos, junto a otro grupo de directivos de la firma Sevel.
Presión política
Días después, la Aduana desistió de ser querellante en la causa, luego de que el entonces ministro de Economía, José Luis Machinea, se entrevistara con los dueños de la firma francesa Peugeot-Citroen -que absorbió a la empresa que pertenecía a Macri-, quienes le hicieran notar al titular del Palacio de Hacienda que se veían perjudicados por ese caso. Precisamente por ese perjuicio, Peugeot-Citroen recurrió a la Cámara de Casación por entender que no debía hacerse cargo del problema de la firma Macri. Y, pese al dictamen favorable del fiscal de Cámara Ricardo Wechsler, los jueces decidieron hoy no sólo que la firma francesa no tenía que verse inmersa en el conflicto sino que no debía continuar la causa principal. Es insólito. Los fiscales, tres jueces y una Cámara Penal Económico investigaron el caso y nunca dudaron que el delito existió. Ahora, Casación, que no suele meterse en cuestiones de hecho y de prueba, en este caso lo hizo y así cerró virtualmente la causa y benefició a todos los que podrían haber sido investigados por esta maniobra, comentaron asombradas algunas fuentes judiciales. Según la resolución a la que tuvo acceso la agencia DyN, los jueces determinaron que el obrar de la Aduana, permitiendo o tolerando (como se quiera) las actividades de Sevel no fue producto de supuesto ardid desplegado por los acusados, sino de una decisión tomada libre y voluntariamente al más alto nivel jerárquico. En ese punto, los jueces afirmaron que no es lícito suponer lo contrario en tanto y en cuanto nadie sostenga, pruebe o cuando menos sospeche que el o los dictámenes del licenciado Parino o del actual embajador Antonio Seward fueron producto de un pacto, arreglo o colusión dolosa. Seward fue uno de los asesores de Parino para el dictamen sobre la operación y hoy es director de Negociaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. Como no hay delito, establece la resolución, entonces no debe haber imputados. Y por eso hay que sobreseer con carácter total a todos los sospechosos y le hicieron llegar las consecuencias de ese beneficio a quienes así corresponda por efecto extensivo. (DyN).