‘ESPIONAJE’ EN LA PREVIA ELECTORAL

‘ESPIONAJE’ EN LA PREVIA ELECTORAL

La presentación de las listas de espionaje de parte de los servicios, por parte de dos macristas muy conocidas, no denuncia nada que no supiéramos. La nueva AFI recoge todos los archivos y técnicas de sus predecesores. No solamente ella: todas las instituciones armadas tienen sus servicios de espionaje internos, en especial el Ejército, multiplicados bajo Milani. Cristina Caamaño, una ‘progre’ de la rama Verbitsky, admiradora de la revolución cubana (como ella insiste en reivindicar) fue denunciada por la Alameda por sus operaciones de infiltración desde la Oficina de Observaciones Judiciales, con mención de los edificios desde donde se habían operado. El espionaje interno deberá acentuarse después del 10 de diciembre próximo, una vez que los candidatos coinciden en involucrar a la Gendarmería o a las Fuerzas Armadas en la llamada lucha contra el narcotráfico y en militarizar a los barrios. Bullrich y Alonso fingen una cruzada que un gobierno del PRO no haría más que acentuar – como lo demostraron Ciro James, Fino Palacios y Mauricio Macri.

Una de tres: o estamos ante un operativo en víspera de elecciones; o a una guerra de servicios; a un enfrentamiento de grupos económicos. Lo demás es verso. La fecha de la alcahuetería supondría, en el primer caso, un intento de restar votos a Scioli y a Aníbal Fernández – este último cuestionado, casualmente, por el Vaticano y el clero local. Una denuncia de espionajes encaja perfecta para dificultar la elección, en una vuelta, o sea por una minoría relativa, del imputado en las masacres de Puente Pueyrredón y el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra. Sería también una forma de golpear al núcleo liderado por Verbitsky, quien en su larga historia de ‘alianzas’ apoya la candidatura K en la provincia de Buenos Aires.

La posibilidad de que sea expresión de una guerra de servicios está avalada por el embate de CFK y Timmerman contra su socio eterno ‘Jaime’ Stiuso. La denuncia, a través de las diputadas preferidas por el fiscal Nisman, es sugestiva en esta variante. El gobierno pide la detención del espía, pero evita a todo precio informar acerca de la crisis en la ex Side, en noviembre pasado, que precedió a la muerte del fiscal. Por los protagonistas de esta historia, no hay que descartar la intervención de servicios internacional, como la CIA y el Mossad.

La última hipótesis, económica, tiene que ver con una licitación de redes troncales de gas en Córdoba, que el grupo K, Electroenergía, creía tener en el bolsillo, con el apoyo del nuevo gobernador, Schiaretti. Con Electroenergía se encontraría operando una parte de la familia del ex comandante en jefe del Ejército, el espía César Milani. Obviamente, Milani podría ser el protagonista político del caso, el informante anónimo. Pero la licitación de redes es un gran negocio, que ahora Electroenergía ver cuestionado por competidores. La crisis político-judicial de Dilma Roussef, por otra parte, tuvo como detonante las denuncias de soborno en Petrobrás, con la finalidad de quitarle el monopolio como operadora de las explotaciones pre-sal.

El Partido Obrero ha reclamado, cuando la crisis de la ex Side y la muerte de Nisman, que el gabinete se presentara a una sesión conjunta televisada del Congreso para rendir cuentas sobre los servicios. Ningún partido político apoyó nuestro planteo. Esto sigue en pie, en especial ante la operación ‘denuncia de los servicios’ de parte de un bloque ligado al espionaje interno, como el PRO, y de una oposición que impulsará un Proyecto X al cuadrado, para sostener la militarización de los barrios. Sergio Massa, es jefe de gabinete K, ‘distingue’ el espionaje “criminal” del político cuando reivindica la militarización barrial, a sabiendas que esa delimitación es una pura hipocresía, como lo demuestra la masacre de estudiantes en Ayotzinapa, en México. La militarización de la llamada lucha contra el narcotráfico, que apoyan Scioli-Fernández y Macri-Gómez Centurion (el carapintada que Macri tiene para ministro de Defensa) es el mayor atentado que podría sufrir la libertad política en Argentina.