LA QUIEBRA REPETIDA DE LOS ESTADOS NO TIENE SALIDA JUDICIAL

nota publicada en: https://prensaobrera.com/politicas/29208-

Las “recomendaciones” que aprobó la asamblea general de la ONU acerca de la “reestructuración de deudas” es, por sobre todas las cosas, una metáfora de la impotencia de los estados capitalistas frente a la bancarrota económica internacional. Cristina Kirchner, ante esa platea, dejó en claro lo obvio, a saber que el propósito de esa pantomima es poner al capitalismo mundial y a sus estados bajo la protección de un régimen internacional de quiebras. Se trata de un reconocimiento de la incapacidad para revertir la seguidilla de ‘defols’ que ha desatado la crisis mundial y del fracaso de los rescates organizados por los principales bancos centrales. La contradicción en términos de este planteo salta a la vista, porque ninguna ley de quiebras puede funcionar en un régimen donde las quiebras se han convertido en crónicas. La reciente descalificación de la deuda externa de Brasil, por parte de S&P, que hasta semanas antes merecía el título de “grado de inversión”, ocurre apenas una década después de que tuviera que ser rescatada de las consecuencias de la crisis del sudeste asiático y de Rusia. El estado de quiebra permanente queda de manifiesto por las once naciones que se encuentran en ‘defol’ en la actualidad e incluso por la cascada de ‘defols’ de los estados y municipios de Estados Unidos, y esto para no hablar de la quiebra inminente de la deuda estudiantil en ese mismo país o en la oleada de insolvencia de consumidores, por ejemplo en Estados Unidos y Brasil. Consignar simplemente que la deuda pública de Japón se acerca al 300% del PBI, o la de China al 150%, es una prueba clara que la salida a la crisis capitalista no la podrá determinar ningún régimen legal sino la desvalorización recíproca de monedas y de capitales. Lo curioso de todo el planteo onusista es que reivindica un rescate de los Estados, sin reparar que el Estado es el rescatista último del capital. Un Estado que se rescata a si mismo debe proceder para ello a confiscar a la sociedad – no solamente a los trabajadores sino a una parte del propio capital. En la jerarquía internacional de los estados, los más poderosos rescatan a los más débiles, pero en los términos de los primeros. Por eso toda operación de rescate se aplica como un ajuste contra el rescatado. En vista de este cuadro desigual, un tribunal internacional de deudas, que reparta equitativamente las cargas, es una fantasía reaccionaria. El que ha asumido esta función desde la última guerra es el FMI, no una corte de justicia. 

La concepción de este proyecto contrasta con la posición tradicional del progresismo de auditar la deuda externa de los estados para determinar su legitimidad. Ahora plantean hacerse cargo de las deuda ilegítimas e impagables Los ‘nac & pop’ de Argentina presentan como una avanzada contra el imperialismo y el neoliberalismo lo que no es otra cosa que un recule vergonzoso. El planteo en cuestión constituye asimismo un retroceso frente a la salida ‘clásica’ del capital, que consiste en mandar la deuda pública de las naciones en quiebra a la cuenta de pérdidas de la economía mundial, esto como una condición y un recurso para recomenzar un proceso de acumulación capitalista. 

La propuesta de poner a la deuda pública bajo un régimen de quiebras de carácter internacional entraña otra serie de contradicciones, en primer lugar la abolición de la soberanía nacional. Esto quedó muy en claro recientemente en Grecia, donde el flamante gobierno encabezado por Syriza fue conminado por la Comisión Europea a reconocer la supremacía de la legislación de la UE sobre la decisión del electorado de ese país de rechazar los paquetes de austeridad. Esta supresión de la autonomía nacional y de la soberanía popular se ha convertido en una práctica corriente: en el caso de Argentina el Congreso ha sido despojado de su facultad de “arreglar la deuda pública” que le impone la Constitución – una función que maneja en forma discrecional el Poder Ejecutivo e incluso el simple ministro de Economía. El gobierno nacional y popular que le ha toca a Argentina se ufana de promover un texto en la ONU que elimina la soberanía nacional en materia de deuda. Esta línea sigue la ruta de la reestructuración de deuda de 2005 y 2010: Néstor Kirchner ratificó la jurisdicción de Nueva York cuando tuvo la oportunidad de imponer la de orden local. Un foro judicial internacional para el tratamiento de la deuda externa otorgaría una capacidad para ejecución de activos a un tribunal extranjero. Reclamar, en estas condiciones, la “inmunidad soberana” privaría a ese tribunal de la posibilidad de ejecutar sus sentencias.

Entre los firmantes del proyecto hay varios estados que incumplen con sus propias ‘recomendaciones’. Rusia, por ejemplo, se ha convertido en ‘hold out’ en el arreglo de la deuda de Ucrania – a la que exige el pago integral, en diciembre, de un préstamo de u$s 3000 millones que le hizo al gobierno precedente de su aliado Yanukovich. Tiene razones políticas de peso para eso. De cualquier manera, los regímenes legales de quiebra procuran recuperar la capacidad de pago del deudor para hacer frente al reclamo de los acreedores – no al revés, no para subsidiar a los deudores, porque eso sería romper la lógica del crédito y del capitalismo. Por eso todos los planes de reestructuración de deuda han entrañado ajustes antipopulares – en el caso de Argentina el pago de u$s 170 mil millones a cargo del sistema jubilatorio y de las reservas Banco Central. Argentina no tiene hoy los recursos para pagar la deuda reestructurada si no es mediante la contratación de nueva deuda a tasas de interés de ‘defol’ o a operaciones de pase con bancos centrales, como con Francia o China, que son por definición transitorios, apenas un puente para que el ‘defol’ dé paso a negociaciones.

Una legislación internacional para la deuda pública es una utopía reaccionaria. Supone la posibilidad de un ‘entendimiento’ pacífico entre intereses rivales, o sea ignorando la relación de fuerzas entre los capitales en competencia y entre los estados. Es una utopía que consagra la subordinación de la autonomía nacional.