MIRANDO MÁS ACÁ
nota publicada en: https://prensaobrera.com/politicas/10105-
Me temo que la propuesta de Claudio Lozano de “ver más allá” en el conflicto agropecuario (Crítica, 31/5) concluya en una frustración. El esfuerzo redunda en una posición ecléctica. Lozano apoya, simultáneamente, al gobierno y al ‘campo’. Al primero le reconoce “toda decisión que suponga la apropiación pública de las rentas”; al segundo, la “burguesía rural media…la única burguesía media con capacidad económica concreta”, le adjudica “el cuestionamiento a la concentración (del) modelo sojero… (y) un pilar fundamental para potenciar la construcción de una nueva perspectiva agropecuaria”. En un conflicto social tan agudo, Lozano logra poner un pie en cada lado (un intento de no perder votos en ninguna parte).
Debido a ese eclecticismo, este “más allá” es un salto a ninguna parte. Porque admitir que el Estado se apropie de las rentas significa reconocerlo como un sujeto fundamental del desarrollo capitalista; atribuirle ese papel a la burguesía agraria implica, por el contrario, legitimar que se apropie de la mayor parte de la plusvalía que genera la explotación del trabajo rural. Si este fuera el caso, la consigna apropiada sería aquella que el ministro Guizot le lanzó a la burguesía francesa que pedía una mayor representación política: “Enriqueceos”. O sea, abolir las retenciones, no defender la apropiación pública de las rentas agrarias.
Cuando se trata de justificar el acaparamiento de las rentas por el Estado, Lozano retrocede más de un siglo en el pensamiento económico pues asegura que “le corresponde al conjunto de la Nación… el excedente extraordinario que se logra no como fruto del esfuerzo inversor sino por las bondades de la naturaleza”. Los errores de este planteo, si se los puede llamar así, se alinean en serie. Primero, porque para que el poder público se apodere de los excedentes de las bondades del suelo, antes será necesario que lo nacionalice; mientras esto no ocurra, los excedentes de semejantes bondades quedarán en manos de los propietarios de la tierra, no importa incluso hasta dónde lleguen las retenciones. El aumento que ha provocado el conflicto en curso no ha hecho mella en el precio de la tierra ni, por consecuencia, en los contratos de arrendamiento (La Nación, 31/5). Las retenciones a las exportaciones afectan (lo cual nos lleva al segundo punto), no a la renta de la tierra sino al beneficio del capitalista que la explota. Es precisamente por eso que la confiscación parcial de las ganancias ha suscitado el clamor de la burguesía agraria. O sea que las retenciones impactan, no a “las bondades de la naturaleza” sino a las inversiones capitalistas.
Gran parte del “excedente extraordinario” al que se refiere Lozano tiene que ver con esto; él mismo reconoce “que las hectáreas trabajadas se expandieron en 17,8 millones”, lo cual significa que se han puesto en valor, por medio de nuevas inversiones, a las tierras marginales, las que menos gozan de las “bondades” referidas. Aún más significativo es el aumento de la producción, que pasó de 30 millones de toneladas en 1989 a cerca de 100 millones, sin que haya crecido el trabajo rural. De este modo, la plusvalía agraria ha dado un salto monumental.
Es precisamente la expansión del capital agrario lo que explica que el arrendamiento se encuentre hoy en niveles que oscilan entre el 50 y el 70 por ciento de la producción agrícola. En una palabra, el conflicto en curso no obedece a una cirugía que el Estado hubiera hecho sobre la renta del suelo más fértil, la cual goza por otra parte de muy buena salud, sino a la apropiación de un beneficio extraordinario que es el resultado de una mayor inversión de capital e importantes innovaciones tecnológicas. Como Lozano no es socialista ni tiene reparos de principios al capitalismo, no puede reconocer que las retenciones acaparan el beneficio del capital, y prefiere escudarse en la más modesta pretensión de que invaden el terreno del propietario del suelo.
Una observación final en este punto es que no entendemos por qué Lozano considera a la naturaleza y al suelo un bien nacional y no hace lo mismo con la fuerza de trabajo, que es la humanidad naturalizada. Suponemos que es un subterfugio para atacar los derechos de propiedad sobre el suelo, pero no sobre los medios de producción creados por el trabajo humano.
El beneficio extraordinario que el derecho tributario admite que pueda ser objeto de un impuesto especial es el que resulta del crecimiento, igualmente extraordinario, que han tenido los precios de las materias primas y de la devaluación del peso. Lozano, sin embargo, no tiene en cuenta este aspecto, ni siquiera la renta política del golpe de mercado de 2002, que produjo la mayor transferencia de ingresos de la historia argentina. Ni siquiera lo menciona a pesar de que ha sido la motivación oficial para establecer las retenciones y sus sucesivos aumentos, destinados (creemos haber sido los primeros en señalarlo) al pago de la deuda pública, a la compra de dólares para mantener al peso subvaluado y los subsidios a la ‘burguesía nacional’. El impuesto a los beneficios imprevistos o súbitos está admitido internacionalmente (“windfall tax”), y el Congreso de Estados Unidos ha discutido aplicarlo a las compañías petroleras, aunque sin ningún resultado por ahora.
El problema aquí, sin embargo, es que todo indica que la parte del león de los ingresos extraordinarios generados no ha ido a parar al capital agrario, o al chacarero capitalista, sino a los exportadores de cereales, a los proveedores de materias primas y maquinarias para el campo, y a los pools de siembra que, en la mayor parte de los casos, agrupan a grupos económicos que son a la vez exportadores (industria química y biotecnológica-financiero. “El precio de los fertilizantes, según International Press Service (31/5) ha crecido en promedio un 73% en los últimos doce meses, y han pasado a representar el 40 por ciento del costo de la producción para algunos granos”. Esta tendencia deberá acentuarse como consecuencia de la disparada de los precios del petróleo, un insumo de muchos de los productos que utiliza el campo.
Una reciente gacetilla del Inti hace la siguiente observación: “El capitalismo, sobre todo el globalizado, está lleno de ejemplos de cadenas de valor con eslabones fuertemente dominantes, que se apropian de la mayoría de la renta generada”. O sea que no es el chacarero capitalista el que acapara la renta de los precios extraordinarios; sin embargo, sobre él cae el peso mayor de las retenciones a las exportaciones. No se ve entonces cómo podría convertirse en “un pilar fundamental” sin la nacionalización de los dos extremos de la cadena de valor: las químicas y biotecnológicas, por un lado, y los exportadores por el otro. Esta estructura social es una barrera infranqueable para el desarrollo del capital medio en el agro, incluso si el gobierno bajara las retenciones a cero. La lucha del capital chacarero es el equivalente al esfuerzo de Sísifo: cuando crea haber llegado a la cima tendrá que empezar de nuevo desde abajo.
Precisamente, la pretensión del mediano capital agrario no es desarrollarse a expensas de los pulpos que dominan ‘la cadena’, sino a expensas de los consumidores. Pretenden que el precio interno se acerque todo lo posible al precio internacional, sin que lo mismo ocurra con los salarios. A partir de esta posición, la burguesía agraria no es ‘un pilar’ sino una topadora de un tejido social extremadamente precario. Apoyarla en sus reclamos es completamente reaccionario. Lejos de cuestionar la concentración sojera, se ha desarrollado a partir de ella, en sus márgenes. Para convertirse en un pilar realmente debería estar planteando, pero no lo hace, la nacionalización de la cadena agraria y de los pulpos que explotan el campo.
El frente de las cuatro entidades es un frente de los chacareros capitalistas con el gran capital financiero-industrial-exportador. La mejor expresión de esta alianza es el reclamo de que se habilite el funcionamiento de los mercados de futuro, como si en ellos los precios los fijara el chacarero. Los chacareros se han engolosinado con ellos porque, en el ciclo actual, el precio a la fecha de la cosecha había casi duplicado al que rigió durante la siembra. Pero de un modo general, los mercados a término aseguran una plusvalía al capital financiero, que no tiene que enfrentar las cuestiones relativas a los costos crecientes de la producción y, además, opera simultáneamente en los mercados a término de los productos que forman parte de los insumos del agro. En un planteo nacional frente al campo, la defensa de los mercados a término está fuera de lugar.
Cuando, al final de su contribución, Lozano trata de “ver más allá”, se olvida de la burguesía agraria y reitera la defensa de la apropiación pública de las rentas, olvidando que esta apropiación está destinada al pago de la deuda externa, a la compra de dólares y al subsidio a los amigos. En ningún momento plantea el cese del pago de la deuda externa. Nuestra conclusión es que la crisis agraria muestra la inviabilidad del desarrollo independiente de una burguesía agraria y la imposibilidad de que sea sustituida por un Estado que, mientras reivindica a la burguesía nacional, mantiene junto con ella las estructuras históricas de la dependencia nacional.
La crisis deja al desnudo la necesidad de la nacionalización de la cadena de valor agraria y de los grandes propietarios y pulpos agrarios, y de cesar el pago de la deuda externa. Sobre la base de esta reorganización social en el campo se puede desarrollar, durante un periodo de transición, una alianza entre el Estado y la burguesía rural, que sirva al poblamiento agrario y al desarrollo de diversas formas sociales del trabajo en el campo, en especial teniendo en vista la incorporación de las masas campesinas expulsadas por la expansión del capital sojero.