PROPIEDAD AGRARIA Y CONCESIÓN MINERA
nota publicada en: https://prensaobrera.com/politicas/9480-
Los Kirchner no se explican el “enojo” del “campo” sencillamente porque no les metieron la mano en el bolsillo a ellos. Una explicación un poco más avanzada debe referirse a contradicciones manifiestas de la política capitalista oficial. ¿En qué consisten? En que el gobierno actual trata a la propiedad agraria como si se tratara de una concesión minera y a las concesiones mineras como si fueran propiedades agrarias. La propiedad agraria, salvo en los predios que aún son fiscales, es privada; la del suelo y subsuelo mineros o el mar continental, son propiedades estatales. Sin embargo, el gobierno no cobra virtualmente regalías (renta) en las concesiones mineras y tampoco casi nada por los cánones para la pesca. Las provincias recaudan regalías petroleras del orden del 12 por ciento, una bicoca, sobre precios que son la mitad del internacional, es decir que les queda el 6 por ciento. Las mineras no pagaban nada, a pesar de que los precios de los minerales han subido aun más que los de las materias primas alimenticias, esto en virtud de un pacto de estabilidad impositiva y cambiaria que firmó Duhalde y reafirmó Kirchner (aunque ahora se ha abierto una disputa por la intención oficial de establecer una retención del 5 por ciento y eventualmente el 10% para algunos minerales).
En el caso del petróleo, cuyo costo de producción está por debajo de 10 dólares el barril, se estableció, recientemente, un “precio de corte” de 42 dólares el barril para el mercado interno, lo cual representa una relación ingreso-costo de un 300 por ciento. Pero para las nuevas concesiones que se están otorgando, por los próximos treinta años, se ha establecido un aumento de los precios para el petróleo y para el gas, o sea que se resigna una gran parte de esta regalía. De todos modos, la situación petrolera y gasífera está en completa crisis: no hay inversiones, las reservas bajan y en poco tiempo habrá que importar, y las importaciones de gas de Bolivia no vienen.
Con el ingreso de Eskenazi en Repsol se viene un aumento de los combustibles, como ya ha empezado a ocurrir en los surtidores, que cambiará el tema de la renta en beneficio de los pulpos. Para la pesca, que opera sobre un mar soberano, los cánones son ridículos, sin hablar de la exportación clandestina que ejercen los grandes buques que industrializan en alta mar. En resumen, el Estado, cuando es propietario del suelo y del subsuelo, no cobra regalías o éstas son muy bajas. A la luz de esto no sería equivocado caracterizar al gobierno de los Kirchner como un representante de los pulpos mineros-petroleros-pesqueros. En las provincias mineras, los gobiernos locales están asociados con los pulpos mineros en forma oficial o por medio de testaferros. En Santa Cruz, la estatal Fomicruz tiene el 7 por ciento del capital accionario con Anglo Gold; en cambio, los Gioja, en San Juan, y los Nosiglia, Barrionuevo, Castillo y Brizuela, en Catamarca, operan por medio de “terceros”. Pero cuando se trata de la propiedad agraria, el gobierno pretende cobrar, como si se trata de una concesión minera, una renta salada o en todo caso muy superior a la que saca de las concesiones. Esto plantea una contradicción insuperable, con independencia de que los capitalistas agrarios sigan ganando plata, incluso por encima de la tasa media del mercado, porque los explotadores agrarios defienden sus derechos de propiedad frente a un Estado que le ha cedido esos derechos desde la enfiteusis de Rivadavia y las guerras del desierto de Rosas y Roca.
El 45 por ciento de las nuevas retenciones móviles sobre el precio de exportación, representa un porcentaje todavía mayor en relación con las ganancias y la renta, que son solamente una parte del precio. Para recuperar el derecho a apropiarse de la renta del campo y decidir sobre su destino, el Estado debería antes nacionalizar la tierra. Bajo el capitalismo, el Estado solamente puede cobrar apropiarse de la renta del suelo en calidad de concesionario. Por distintas razones, el precio de la tierra cultivable ha subido, en Argentina, aun más que los precios de los productos agrarios que se exportan. Influyen en el ello desde la productividad del trabajo y el régimen previsto de lluvias hasta la tasa de interés, que compite como posibilidad de inversión con la compra de campos; la tierra se valoriza con la baja de la tasa de interés, que es lo que ocurre ahora mundialmente debido a la inflación y, dentro de poco, a la recesión. O sea que los capitalistas (chacareros) que han alquilado para producir se ven más perjudicados que los propietarios terratenientes por la suba de las retenciones.
Las “retenciones diferenciadas” son, para estos capitales, algo parecido al desatino, porque no determinan el precio de la tierra y, por tanto, de los alquileres o arrendamientos. La política del gobierno (determinada, por un lado, por necesidades fiscales para pagar la deuda pública, y por el otro, por el crecimiento de la inflación debido al peso devaluado que favorece al conjunto de los monopolios exportadores) entra de esta manera en contradicción con un conjunto de intereses capitalistas, que se prolongan a toda la industria, comercio y banca relacionada con la actividad agraria. No hace falta, por lo tanto, ser profeta para prever que el gobierno va a arrugar ante la presión del capital agrofinanciero y que el “modelo productivo” del peso devaluado tiene los días contados, aunque antes deba pasar por otras crisis todavía más severas.
Lo único lamentable en todo esto es ver a gente de izquierda o antiimperialista que se afana por tomar bando por uno de los campos explotadores, sin comprender que asiste a la explosión de las contradicciones del sistema tomado como conjunto. Ni hablemos de los economistas metidos en estos afanes. La incapacidad para ver en la crisis un proceso de transición que abre posibilidades de lucha de alcance histórico, es la característica más saliente del izquierdismo y el nacio-populismo criollos.