LOS REPRESORES DE SANTA CRUZ TIENEN QUE IR EN CANA POR COIMEROS
nota publicada en: https://prensaobrera.com/politicas/6906-
El ‘caso’ Skanska y la feroz represión de la Gendarmería, de la policía y de los grupos para-policiales contra los trabajadores de Santa Cruz constituyen una absoluta unidad política.
Kirchner defiende la vigencia, antes que nada en su provincia, de un régimen político organizado en una red de fideicomisos vinculada a los contratos de obra pública y a las concesiones mineras y petroleras. No existe actividad económica en Santa Cruz que no se encuentre entrelazada con el gobierno kirchnerista. Hace solamente pocos días, tanto en Santa Cruz como en Chubut se otorgaron licencias de exploración y explotación de petróleo, que asocian estrechamente a determinados pulpos nacionales e internacionales con los amigos de la familia gobernante. Estas condiciones mafiosas de gobierno explican la brutalidad de la política oficial contra los docentes santacruceños y el conjunto de la población sublevada de la provincia (como explicaron, antes, la represión que sufrieron las asambleas populares en Río Gallegos, en 2002, por parte de bandas ‘peronistas’, o las que el jefe de Gabinete mandó al Hospital Francés). También explican la tenacidad de la lucha popular, porque los habitantes sureños saben que pagarán muy caro, ulteriormente, una derrota o un compromiso que sea falso o ficticio. El poder político en Santa Cruz enfrenta las consecuencias de sus propias acciones y provocaciones.
Es ‘natural’ que el gobierno presente a la heroica lucha santacruceña como una ‘conspiración’ contra su política ‘emancipadora’; lo que es inadmisible es que quienes se han tragado el verso de que Argentina goza de un gobierno ‘nacional y popular’ sigan con ese guión en las actuales circunstancias. Kirchner puede ‘enojarse’ con Bush parapetado en los salones de la Casa Rosada; pero a la Gendarmería sólo la manda contra su propio pueblo. ¿Cómo se puede pretextar ‘ingenuidad’ o ignorancia de parte del pueblo de Santa Cruz, o la posibilidad de que sea ‘manipulado desde afuera’, cuando ese pueblo lleva más de una década bajo la tutela política del kirchnerismo? ¿O será que los alcahuetes de otras latitudes que rodean al Presidente lo conocen mejor que sus co-provincianos?
La rebelión patagónica constituye un curso acelerado de política, que es necesario transmitir al conjunto del país. Sólo fue necesario un par de días para desenmascarar al ‘paritario’ Tomada o al ‘educador’ Filmus, ni qué decir de los ‘sindicalistas’ Moyano y Yasky, o de los abogados laboralistas como Recalde —que no abrió la boca para protestar contra una ‘conciliación obligatoria’ dictada en beneficio del gobierno-patrón, luego de más de un mes de lucha, contra ¡un sindicato al que no se le reconoce el derecho a la negociación colectiva! Los votantes de la Ciudad de Buenos Aires ganarían mucho en lucidez política si se preguntaran acerca del rol de cada candidato porteño en la lucha de los trabajadores de Santa Cruz. Muchos ya han sacado sus conclusiones y la mayoría no demorará mucho en hacerlo.
Es claro, de todos modos, que la rebelión santacruceña tiene lugar cuando el régimen político de los fideicomisos enfrenta una dura crisis con la denuncia de coimas a granel por el caso Skanska. Los fideicomisos permiten realizar obra pública al margen de la responsabilidad directa del Estado pero con la participación de sus ‘funcionarios’; es una suerte de privatización, no ya de la obra pública (que está totalmente privatizada), sino de la gestión o licitación de esa obra pública. La cuestionada ampliación del gasoducto del Norte está gestionada por un fideicomiso organizado por el Banco Nación, al cual aportan inversores privados contra la garantía del cobro de la tarifa por el uso del gasoducto. Como se ve, no pasa un peso por las cuentas del Tesoro público. Los fideicomisos tienen una ‘ventaja’ adicional —típicamente nacional y popular— pues no pagan impuestos a las ganancias por tratarse de una ‘inversión’ financiera. Es decir que el sistema impositivo promueve la privatización de la gestión pública y el curro. Bajo la batuta de nuestro ‘chavista’ vernáculo asistimos a un despedazamiento del Estado por parte del Estado.
El enfrentamiento que se ha producido entre Techint y el gobierno, como consecuencia de las acusaciones recíprocas que se han lanzado luego de que se descubriera el pago de coimas por 15 millones de pesos: ¿representa una quiebra del régimen político de negocios del gobierno o una quiebra de la alianza Techint-gobierno, que rige desde la devaluación de enero de enero de 2002? Una quiebra de estas características tendría consecuencias políticas fulminantes —y esto no solamente en Argentina. Las amenazas que lanzó Hugo Chávez de que nacionalizaría Sidor, la empresa que el pulpo posee en Venezuela, demuestra que las repercusiones de una ruptura pueden llegar muy lejos. No hay que ‘asustarse’, sin embargo, porque solamente se trata de ‘presiones’ y bravuconadas: Chávez aprieta a Techint para que deje de descargar la responsabilidad de las coimas en Kirchner, y con ello busca un arreglo que disipe el enfrentamiento. El aporte ‘bolivariano’ no va a los compañeros de Santa Cruz sino a la defensa del régimen de fideicomisos que gobierna Argentina. Mientras el mercado mundial sostenga la ‘recuperación’ argentina, los pulpos capitalistas evitarán cualquier acción que les pueda arruinar el negocio y en especial la parte que les corresponde a ellos. Lo mismo vale para Chávez, pues PDVSA, la petrolera estatal venezolana, está obligada a comprar los tubos sin costura a Techint, que tiene el monopolio internacional. Y esto vale aunque Sidor-Techint le venda acero a China para fabricar allí los tubos, a un costo menor, que luego vende a Venezuela y a las petroleras en general.
En estas condiciones, Kirchner tiene todavía la posibilidad de ‘manejar’ el asunto de las coimas de Skanska —la empresa contratada por Techint para ampliar el gasoducto de su propiedad. Para empezar, ya le sacó la causa de corrupción al juez que la venía investigando; luego, intervino Bonasso para llevar a la justicia a Telerman —que también parece gozar de la pasión por las facturas truchas. En realidad, existen en Buenos Aires algunas decenas de ‘empresas’ que tienen como función productiva exclusiva la emisión de esas facturas para disimular en la contabilidad el pago de coimas. Por eso sus nombres figuran en las cometas de Kirchner como en las de Telerman —aunque en este caso ya vienen desde Aníbal Ibarra.
La crisis política abierta por el asunto coimas tiene que ser tenida muy en cuenta por los luchadores de Santa Cruz, porque significa que el gobierno tiene mucha urgencia en salir del pantano en que está metido en su provincia; lo demostró cuando convocó a negociar sin que se hubiera levantado la huelga. Es necesario reforzar la lucha y de ningún modo atender a los que aconsejan alguna forma disimulada de capitulación. Desde el Partido Obrero luchamos para lograr una huelga de todas las industrias y actividades de la provincia y por una huelga de todos los sindicatos de la educación a nivel nacional.
¿En qué medida la crisis política por el asunto Skanska y la rebelión popular afectarán las elecciones en la Ciudad o en Neuquén (el mismo día)? La repulsa por la corrupción crece de más en más, pero una parte de ella puede ser aprovechada por Macri —quien, sin embargo, debería estar al frente del ranking de los imputados. La repercusión de la lucha popular patagónica ya se pudo observar en la manifestación con motivo del asesinato del compañero Fuentealba. Nuestro partido acentuará su campaña contra la derecha corrupta y contra el régimen político corrupto de los fideicomisos, y reforzará mucho más la campaña por la solidaridad y la huelga general en apoyo a los compañeros de Santa Cruz. En Neuquén, en especial, fustigaremos y atacaremos a los llamados ‘opositores’ a Sobisch, que defienden para Neuquén la misma política criminal que produjo un mártir obrero en la provincia.
Este es nuestro método político fundamental en esta etapa de las elecciones porteñas.