EL REFERENDÚM DE IBARRA ES UN GOLPE DE ESTADO CONTRA EL PUEBLO
nota publicada en: https://prensaobrera.com/politicas/276-
Las falacias de la convocatoria de Ibarra a un referéndum sobre su mandato han sido abundantemente denunciadas desde todos los ángulos y posiciones. Los principales cuestionamientos apuntan a que pretende evitar la recolección de firmas, no pone en juego al conjunto de su gobierno, o se ampara en un método que convierte a las abstenciones en un voto favorable a su continuidad (la Constitución solamente admite la revocatoria si es apoyada por el 50% más uno de la totalidad del padrón electoral). Otra denuncia, de más alcance, señala la falacia de pedir una revocatoria con la finalidad de impulsar lo contrario de ella, o sea la continuidad de Ibarra, transformándola en un plebiscito para confirmarlo. El Tribunal de Justicia de la Ciudad está obligado a calificar un pedido semejante como una acción constitucional fraudulenta e incluso debe procesar a los demandantes por estafa a la confianza pública.
En la convocatoria que promueve Ibarra hay también una fuerte extorsión política, ya que amenaza con crear un vacío de poder si es derrotado sin que la revocatoria reúna la mitad más uno del padrón. Con el impulso a un referéndum para su propia revocatoria, Ibarra pretende disolver en el tiempo la crisis política y evitar que tenga un desenlace en caliente.
De todos modos, el problema fundamental es otro: la revocatoria es un derecho exclusivo e intransferible de los que luchan y se movilizan para echar a Ibarra. Pero los que se movilizan (nos movilizamos) para ‘revocar’ a Ibarra no han manifestado (manifestamos) ninguna disposición o tendencia a recurrir al referéndum. Y como nadie puede arrogarse la elección de las armas más que los propios combatientes, la usurpación de esta elección de las armas por el poder de turno es un golpe de Estado contra el pueblo.
Los partidarios de echar a Ibarra rechazan (rechazamos) el referéndum. En primer lugar porque no les interesan los procedimientos burocráticos, dilatados en el tiempo, para enfrentar esta crisis política, aunque se revistan de constitucionales. Pero, además, la mayoría no cree (no creemos) que la crisis y la comprensión popular de esta crisis hayan calado lo suficientemente hondo como para asegurarse el éxito de una revocatoria o para que una revocatoria de Ibarra no sea usurpada por una sucesión de su vice-jefe o por un recambio político orquestado entre Kirchner y Duhalde. Los partidarios de echar a Ibarra pretenden (pretendemos) llegar a ese objetivo mediante denuncias cada vez más profundas y movilizaciones cada vez más amplias. Pero, por sobre todo, le cabe solamente a los partidarios de echar a Ibarra la elección de las armas y las circunstancias de su propio combate.
El golpe de Estado (al que se han asociado los jefes de las asociaciones de derechos humanos, que sin embargo no luchan por la libertad de los presos de Kirchner y de Ibarra y que han sido cooptados por el Estado ya hace mucho tiempo), consiste precisamente en esta usurpación política del derecho popular a la revocatoria por parte de Ibarra y de su aparato de Estado. Cuando Ibarra le pide a la Justicia que lo eximan de juntar firmas porque se trata en definitiva de un pedido que él hace para impulsar su propia revocatoria, pone de manifiesto su mediocridad intelectual y por sobre todo su deshonestidad. Los que van a determinar la mejor manera de conseguir la cabeza de Ibarra son los que luchan por echarlo a él y a todos los funcionarios e intereses capitalistas que gobiernan bajo su nombre. La recolección de firmas que se propone hacer Ibarra es otro acto de usurpación, porque sólo puede ser ejercido debido a que cuenta con los recursos del Estado. No se debe olvidar, siquiera por un momento, que será el Estado el que pondrá la plata para financiar la campaña de las ONGs convocadas para salvarle el pellejo al jefe de los empresarios del espectáculo y del turismo.
Todo esto no quiere decir que el pueblo movilizado sepa ya cuáles serían sus mejores armas en esta lucha. Es un aprendizaje que se obtiene con la experiencia de esa misma lucha. Cuando desde estas páginas subrayamos que es necesario aprovechar esta crisis para poner al desnudo la descomposición del Estado capitalista, estamos contribuyendo, desde una determinada experiencia histórica, a forjar aquellas armas. Sostenemos que Cromañón es toda la Ciudad y todo el país; todas sus empresas sin inspección de trabajo; todos sus transportes sin control ambiental ni de tránsito; Cromañón es el subte y todas las escuelas y hospitales. La seguridad ciudadana, la seguridad laboral, la higiene, la salud, todo se encuentra privatizado, o sea bajo el control de las ART o de las prepagas, o de los ‘adicionales’ para la policía oficial o privada. La caída de Ibarra debe poner al denudo toda la podredumbre del régimen social presente y sobre esa base desarrollar un movimiento de masa por la reorganización social del país y la Ciudad sobre nuevas bases. El control y la dirección de la vida social deben estar a cargo de los que producen esa vida social. Ni ARTs, ni Superintendencias, ni Estado al servicio del capital –control obrero.
El control obrero nos pone ante otro problema mayor: que los trabajadores deben votar en los distritos donde trabajan –no solamente los vecinos. ¿O es posible otorgar seguridad al subte sin los trabajadores de Metrovías o seguridad al tránsito sin un control obrero de los choferes sobre sus condiciones de trabajo? ¿O sin enfermeras y médicos en los hospitales?
Para denunciar la situación como una realidad social de conjunto es que planteamos que se vayan Ibarra y todos sus secuaces, de ningún modo para proceder a un recambio administrativo. Por eso también decimos que sean reemplazados por una Asamblea Constituyente con poder. Necesitamos, en definitiva, una alternativa obrera y socialista.