“LA GRAN KIRCHNER"
nota publicada en: https://prensaobrera.com/politicas/61790-
En su momento, los canales de televisión difundieron, por enésima vez, la imagen de un Kirchner de barricada, despotricando contra el FMI, desde el augusto’ escenario de la Asamblea General de la ONU. De este modo, se privaron de mostrar un acontecimiento mucho más fundamental que, en ese mismo momento, tenía lugar “a la sombra” de ella. Así es como calificó el periodista de Clarín (10/10) a “un diálogo largo entre Kirchner y el titular del Citicorp, William Rhodes, que se hizo en Nueva York” en aquella ocasión. Esa “reunión”, prosigue el informante, “permitió desplazar el último obstáculo en las conversaciones con las AFJP”.
Es decir que, como ocurrió bajo Alfonsín, Menem y De la Rúa, y antes de ellos Videla y compañía, el pulpo Citibank acabó dictando los términos de lo que, en definitiva, es la renegociación de los 100.000 millones de dólares de deuda impaga. Que Kirchner se entrevere cada tanto con el FMI carece entonces de toda importancia. Como ya lo había explicado el propio Rhodes hace muy poco (Financial Times, 24/7/4), lo que evitó la bancarrota de Brasil en el 2003 no fue el acuerdo que Lula firmó con el FMI sino el que suscribió con el Citibank (lo que mantuvo los créditos del comercio exterior de Brasil).
El llamado acuerdo con las AFJP es, antes que nada, un acuerdo con los bancos internacionales. Siembra es del Citi, Orígenes del Santander, Consolidar del BBVA, y así con los demás fondos. Alegando que se trata de proteger los ‘ahorros’ de los aportistas, ese acuerdo prevé un canje de deuda impaga por deuda nueva con una quita del 30% sobre el valor original de la vieja.
El bono en pesos que se ofrece a cambio del viejo se ajusta a 1,40 peso por dólar más CER, es decir, más inflación, desde enero del 2002. Este ajuste coloca la tasa de cambio entre peso y dólar a 2,10 pesos por dólar, o sea una quita del 30%. Según Clarín (6/10), la oferta representa una mejora del 33% sobre la que había sido realizada con anterioridad. ¡Cómo rinde una ‘conversación’, secreta, claro, con mister Rhodes! La plata en juego es de unos 14.000 millones de dólares.
Pero como lo explica bien otra periodista del mismo diario (10/10), un bono ajustado por inflación que agrega un premio del 40% (el 1,40 sobre cada peso-dólar de diciembre del 2001) resulta un negocio formidable, incluso si se trata de pesos y no de dólares. Después de todo, los restantes precios de la economía se encuentran pesificados. Ningún sector de trabajadores ni los jubilados del sistema estatal han recibido una prima que siquiera se acerque a la de las AFJPs.
Como quiera que la perspectiva sería que el peso se aprecie en relación al dólar, el ajuste por CER deberá incrementar el valor en dólares de los bonos. A mediano plazo, entonces, la quita desaparece. La tasa de interés para estos bonos yada en el 6% anual, o sea un 50% por encima de la que rige en Nueva York y un 70% por arriba de la de Londres. Precisamente porque se estima que se revalorizarán en dólares, una cláusula del acuerdo prevé que la tasa de interés esté relacionada con la variación del valor de los títulos en dólares.
Este acuerdo que reconoce a los títulos en poder de las AFJPs un 1,40 peso por dólar más la inflación, se extiende a otro título, también en manos de las mismas compañías, las llamadas Letes, por cerca de tres mil millones de dólares, pero con la ventaja enorme de que se amortiza en un plazo considerablemente menor (diez años). Gracias a esto, el bono de reemplazo (boden en pesos), cotiza hoy al 70%. Esta nueva concesión reduce aún más la quita del 30%
La mejora extraordinaria que reciben las AFJPs irá para sus dueños, no para los aportistas del sistema, esto por la simple razón de que el promedio de ellos se jubilará dentro de 28 años. Para entonces los aportes valdrán probablemente mucho menos que ahora, habrán desaparecido o, simplemente, las AFJPs no existirán debido a la quiebra del sistema. Por lo tanto el acuerdo con las AFJP representa, por un lado, un rescate del sistema de jubilación privada que había quebrado y, por otro lado, una suba extraordinaria en los términos de la oferta para toda la deuda externa por 100.000 millones de dólares que se haya en defol.
Los mismos bancos que negociaron por las AFJPs están ahora reclamando que sean aplicados los mismos términos a los bonos y Letes en poder de los bancos, los fondos de inversión y las compañías de seguro. El gobierno ha acumulado en diversas cuentas bancarias 27.000 millones de pesos para ‘endulzar’ la oferta ‘final’ a los usureros que residen afuera, al FMI y al Banco Mundial. También ha ofrecido un “bono atado al crecimiento” que mejora en forma extraordinaria la oferta de repago de la deuda en defol.
El rescate de las AFJPs, por parte del Estado, será pagado por el conjunto de los contribuyentes. Es decir que estamos ante una confiscación -no sólo, ni principalmente, de los aportistas que se dicen perjudicados, sino del conjunto de los trabajadores. Los capitalistas, en cambio, además de recibir exenciones de impuestos por 13.000 millones de pesos (presupuesto 2005), en general transfieren la mayor parte de la carga directa a los consumidores.
La confiscación afecta al conjunto de los futuros jubilados, esto de diversas maneras. Primero, a los propios aportistas, porque el sistema significa de por sí una expropiación de los aportes, del orden del 35%, como consecuencia de las comisiones que cobran los fondos de pensiones. Asistimos al salvataje de un negociado. Segundo, porque sólo cuatro millones de personas aportan a las AFJPs, sobre las 14 millones de personas en condiciones laborales; la evasión de aportes de las patronales, otra expropiación, afecta a cuatro millones de trabadores.
El gobierno ha establecido que los nuevos títulos se coticen al valor que serán emitidos y no a los del mercado, lo que evita la desvalorización del fondo acumulado por los aportistas. Pero para sustentar más tarde esta ficción contable, se necesitará dinero real. Para pagar las jubilaciones próximas, los fondos de pensión utilizarán los intereses que les pague el Estado por los títulos públicos, pero, por sobre todo, los aportes de aquellos que seguirán en actividad. Se crean así las condiciones de una confiscación potencial, la de los que continúan aportando, pues la cotización de los fondos acumulados será inferior, en términos de mercado, a la de la ficticia cotización de libros. La coincidencia entre un valor y otro dependerá de una solvencia fiscal continua durante más de medio siglo, con lo que esto significa de transferencia de recursos desde la salud, la educación y los salarios. Es claro que “la gran Kirchner” cierra solamente con la privatización en gran escala de los servicios públicos. Los bancos que saquearon el país no ponen un peso -todo el rescate de este negocio lo pagan los contribuyentes al fisco y los aportistas del sistema. La “gran Kirchner” consiste en un engaño a diestra y siniestra (en especial a siniestra) con el cuento de la protección de los aportantes.
El ‘apuro’ del gobierno para ‘arreglar’ con los banqueros dedicados al negocio de la previsión social, está motivado por la necesidad de financiar, en el 2005, los vencimientos de deuda pública. Se trata de los pagos al FMI y al Banco Mundial y de una parte sustancial, por lo menos, de la deuda pública contraída luego de 2001, con los mismos bancos, para salvarlos del colapso, que costó hasta ahora unos treinta mil millones de dólares. Para eso volverá a colocar títulos el año que viene… ¿dónde? En las AFJPs. Hay que agregar los vencimientos que se producirán de deuda privada que fue refinanciada, pues las compañías también recurrirán a los fondos de pensiones.
Para esto, Kirchner eliminó el porcentaje tope de inversiones que los fondos de pensión podrán colocar en títulos del Estado. Los aportistas volverán a financiar al Estado, ahora para pagar la deuda pública en poder de los bancos, que vence en los próximos años. Argentina, a su vez, vuelve a endeudarse, y de nuevo a costa de la previsión social.
Las AFJPs no quebraron porque el Estado haya violado los contratos o por la falta de seguridad jurídica. Así lo demuestra el derrumbe de los valores de todas las inversiones de las AFJPs, sea en deuda pública, en la Bolsa e incluso en el exterior (la cotización de valores tecnológicos, en Nueva York, cayó desde el 2000 un 70%).
La quiebra argentina fue la expresión más catastrófica de una bancarrota capitalista general. Los fondos privados de pensión están en bancarrota en todo el mundo.
La previsión privada argentina no garantiza una jubilación determinada al cabo de los años de aporte correspondientes. Por eso, una bancarrota del sistema se ajusta siempre con la caída del monto jubilatorio. Se calcula que con la cotización contable de la nueva deuda que se va a canjear, mantenida a su valor nominal, los aportistas se podrán jubilar, en los próximos diez años, por el 55% del valor de sus salarios. Sin esa medida, los futuros jubilados no podrán llegar a más del 30-35%. El sistema ha colapsado. El gobierno nacional y popular de Kirchner, Bonasso, Tumini y D’Elía ha entregado casi 20.000 millones de pesos de recursos fiscales para rescatar un negociado capitalista que está muerto.
A los muertos sólo les cabe el entierro -ni siquiera se les puede cobrar por el daño que han causado en vida.
La sepultura que cabe en este caso es la siguiente:
Nacionalización, sin indemnización, de bancos, compañías de seguro, ARTs y AFJPs.
Jubilación universal del 82% del salario final y equivalente al salario mínimo para los que se encuentren desocupados.
Financiación del sistema a prorrata de la clase capitalista.
Repudio de la deuda externa, reiteradamente cancelada.