FRACASÓ LA INTERVENCIÓN: ¡ASAMBLEA POPULAR!

nota publicada en: https://prensaobrera.com/politicas/61586-

Santiago del Estero debía ser una prueba ejemplar. La intervención de la provincia debía demostrar la capacidad de los ‘transversales’ de depurar el aparato del Estado de las mafias criminales y, con sus propias palabras, “construir un estado de derecho”. Pero, a pocas horas del cierre de la oficialización de las listas para la elección de una Convención Constituyente, la Intervención Federal ha entrado en una gran crisis, que incluye la posibilidad de la renuncia del interventor Lanusse.

Culmina, por el momento, un proceso que fue un fraude político desde el comienzo y que probablemente tenga un peor final. La iniciativa de modificar la Constitución juarista no fue más que una maniobra para obtener una prórroga del plazo de la Intervención Federal, primero por seis meses y luego por un año. El decreto que convoca a la Constituyente limita la eventual reforma a puntos de carácter institucional, que tampoco se definen. La Constitución juarista, de 1996, tuvo el cuidado de adaptar las normas de la reforma nacional de 1994 y de seguir lo establecido en otras provincias, como por ejemplo Santa Cruz. Tanto Juárez como Kirchner establecieron, sobre la base de sus respectivas constituciones, regímenes electorales de mayorías absolutas -como también lo han hecho De la Sota y Romero-. La convocatoria excluye el tratamiento de las cuestiones sociales, como la tierra o las garantías de salario y de trabajo, o las cuestiones del régimen de propiedad, como el monopolio del agua y los latifundios. Pretende que el cambio social debe ser el resultado de un ‘estado de derecho’ y no al revés, ni tampoco simultáneamente. Lanusse no pudo ser más contundente: “El sistema económico no es lo que hay que destartalar, sino lo que hay que destartalar son las prácticas fuera de la libertad de mercado y de la transparencia” (El Liberal, 20/8). Para el interventor la solución pasa por las “licitaciones públicas”, dice, en una exhibición más de ingenuidad que de cinismo. De todos modos, define el carácter oligárquico de la reforma. Ninguno de los partidos santiagueños no enrolados con el juarismo, ni mucho menos los juaristas reconvertidos al kirchnerismo, objetaron la convocatoria; por el contrario, la aplaudieron a pesar de que pone un freno a las reivindicaciones que fueron formuladas, meses atrás, por una Multisectorial que ellos mismos habían formado.

Pero el cuidado puesto en el decreto no ha impedido el desbarajuste de la convocatoria. Un sector de intendentes justicialistas, encabezado por el de La Banda (aliado, en un comienzo, de la Intervención), ha decidido ignorar la convocatoria y promover la abstención, al igual que todo el juarismo. Tienen presentado un recurso ante la Corte, que objeta que un interventor pueda convocar a una reforma de la Constitución. Un sector de la UCR adoptó la misma posición y hasta hizo gestiones para que el Senado de la Nación se opusiera a la convocatoria. El apoyo que recibió del duhaldismo, al principio, se trastocó luego de los acuerdos Kirchner-Duhalde, que avalaron la convocatoria. Lamentablemente para estos aprendices de brujos, este acuerdo es la causa de la crisis actual, porque planteaba la unidad del justicialismo santiagueño. Cuando, en efecto, la Intervención los juntó a todos, se produjo la división: alentados por el ministro de Gobierno, a espaldas de Lanusse, una fracción rompió el acuerdo objetando la presencia de juaristas y menemistas y de partidarios del dueño del Banco de Santiago, Ick. Si, como dice La Nación (15/9), la movida de piso fue manejada desde la Casa Rosada, la campaña electoral se caracterizará por enfrenta mientos peligrosos y por riesgos para el pacto justicialista a nivel nacional. De cualquier modo, la autoridad política de la Intervención ha quedado destruida. Los justicialistas que se apartaron del PJ se han integrado al Frente de la Victoria, un minúsculo grupo de kirchneristas injertado en el gobierno de la Intervención, que responde al Duhalde Luis Eduardo. Tenemos, entonces, al PJ roto en tres y a los radicales en dos. La convocatoria ha quedado girando en el vado.

Se abren ahora varios escenarios. Uno es la renuncia y la rearticulación del peronismo una vez puesta en funciones la Constituyente. Otro es la intervención salvadora de la Corte, que anulando la convocatoria otorgue espacio para una recomposición del peronista, pero ya con vistas a la elección directa de gobernador sin pasar por ninguna reforma. El tercero es una Constituyente fragmentada y una crisis creciente.

El Partido Obrero oficializó su lista, por primera vez en esta provincia, con el señalamiento de que desconocerá los límites de la convocatoria y que planteará la expropiación de los latifundios, una reforma agraria dirigida por comités de campesinos, el monopolio esta tal del agua de riego bajo control obrero y la expropiación del Banco de Santiago. Este programa apunta a una intervención en la lucha de clases cotidiana, con un planteo de acción directa. Los candidatos de la lista son trabajadores docentes y del Polo Obrero, y de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados. La tentativa reformista y constitucionalista ya ha fracasado. Hay que reemplazar a la Intervención por un gobierno provisional designado por una Asamblea Popular, que tome las medidas de urgencia social que reclama una provincia que tiene un 70% de trabajadores en la indigencia y un 10% con el mal de Chagas.