LA "ANULACION" NO ES LO QUE PARECE
nota publicada en: https://prensaobrera.com/politicas/59086-
Hasta la mañana del martes 12, ni el PJ ni la UCR estaban dispuestos a votar la anulación de la obediencia debida y del punto final y para evitar hacerlo habían intentado presentar un proyecto llamado de “inoponibilidad”. Una de las voces más oficiales del peronismo, Chiche Duhalde, había declarado públicamente que se oponía a la anulación; todos los diarios hicieron saber que su marido tenía exactamente la misma posición. Rosendo Fraga, un politólogo del “establishment”, había escrito que la anulación era “peligrosa” porque podía afectar a numerosos militares retirados e incluso a algunos en actividad. Todos estos planteos y pronunciamientos no podían sorprender a nadie, toda vez que esos mismos partidos votaron en su momento esas leyes que ahora se planteaba anular e incluso habían votado más tarde, en 1998, una derogación de ambas que no tenía ningún valor si se trataba de enjuiciar a los responsables de los crímenes de la dictadura.
El giro que produjeron a media mañana del martes fue el resultado de un pacto del gobierno con la bancada justicialista para excluir a los indulto de la anulación a los indultos, porque esto habría significado la inmediata prisión efectiva de todos sus beneficiarios; se dio así la paradoja (o, mejor, la descomunal hipocresía) de que se mantuvo en vigencia la medida más arbitraria de las dictadas para dejar a los militares en libertad.
“Según trascendió, pesó decididamente en este cambio de actitud del bloque del PJ la insistencia directa de Kirchner. A cambio, se evitó en principio incluir el tema de los indultos a los comandantes de la dictadura concedidos por Menem” (Clarín, 13/8). El alcance o valor estratégico de este pacto fue tal que hasta los menemistas votaron las anulaciones, una vez que quedó salvado el indulto.
El pacto tiene, con todo, un alcance mayor: evitar las extradiciones pedidas por la justicia de España. En la misma mañana Kirchner había dictado un decreto de adhesión a la convención internacional que declara imprescriptibles los crímenes contra la humanidad. Sin embargo, no se había secado la tinta del decreto ni terminado la votación en Diputados cuando el 90% de los “juristas” de derecha y de centroizquierda ya estaban diciendo que todo esto no pasaba de una “proclama”, porque no era aplicable a delitos cometidos con anterioridad a la sanción de estas disposiciones. Lo dijo así, redondamente, el constitucionalista Sabsay, que hace sólo dos meses figuraba entre los candidatos de Kirchner para ir al gobierno o a la Corte. Lo reconoció también así Elisa Carrió en el debate en Diputados, al decir que quedaba siempre el recurso a la Corte Interamericana. Lo que todo esto puso en evidencia es que sin la disolución del Poder Judicial existente, que está encargado de proteger al Estado capitalista, y el reemplazo de los gobiernos capitalistas, el “juicio y castigo a los culpables” y la “cárcel a los genocidas” no podrían ser satisfechos. Ha quedado otra vez en evidencia que la “división de poderes” es un truco del régimen capitalista para trabar y dificultar la realización de las reivindicaciones populares.
La base política de la maniobra es muy clara: armar una excusa jurídica para impedir la vigencia del convenio de extradición con España, que invocó el juez Garzón para reclamar la detención de medio centenar de oficiales de la dictadura y llevar a un pantano jurídico el castigo a los responsables y ejecutores del genocidio. Salir de esta situación gobernó en todo momento la política de Kirchner. Por eso, precisamente, no vio desafiado en ningún momento el control de la situación en las fuerzas armadas (a diferencia de lo que le ocurrió a Alfonsín) e incluso obtuvo el completo apoyo de Bush y del Pentágono. Zaffaroni y Carrió (y hasta Alderete de la Ccc, que en su momento había denunciado la extradición de Pinochet en Londres) repitieron hasta el cansancio su oposición a las extradiciones, lo que significa que consideraban a la impunidad, dentro de Argentina, como el mal menor. Frenar la posibilidad de extradiciones generalizadas, salvar los indultos y llevar el tema a la vía muerta fue la plataforma que unificó a todo el arco que va desde la Iglesia hasta el centroizquierda y la izquierda democratizante (Patricia Walsh declaró, más de una vez, que “prefería” que los juicios se hicieran en Argentina, como si esto fuera una salida viable para condenar a los genocidas).
Izquierda Unida apoyó sin vacilar el pacto de eliminar del proyecto a los indultos. Que el acuerdo no tenía un carácter “táctico” se demostró enseguida cuando Patricia Walsh no denunció esta maniobra e incluso festejó y saludó la adhesión de los partidos cómplices de la impunidad a la anulación mutilada que estaba en votación.
“La propia Walsh, cuyo proyecto de ley impulsó a la sesión especial que finalmente declaró nulas las leyes de perdón, dejó de lado (a fin de lograr la anulación de las normas) su proyecto de nulidad que incluía la mayoría de los indultos dictados por el ex presidente Carlos Menem en 1989 y 1990” (La Nación, 13/8).
Patricia Walsh e Izquierda Unida se incorporaron así al campo político oficial. Al apoyar la maniobra oficialista participan del engaño de que habría una voluntad política del gobierno de ir hasta el final en el “juicio y castigo”, algo que éste ni siquiera reivindica. Lo mínimo en la situación creada era naturalmente defender el propio proyecto de ley, incluyendo la anulación de los indultos y denunciar al gobierno y al peronismo por la maniobra que estaban armando. Que IU no hubiera hecho esto no debe sorprender desde el momento que apoya la designación de Zaffaroni para la Corte (IU firmó con 30 diputados del centroizquierda un texto de apoyo a la nominación de este). Luis Zamora sí denunció a los partidos del sistema y varios aspectos de la maniobra en curso y finalmente se abstuvo.
Es que la maniobra política oficial no se limita al tema de evitar la extradición. En estos mismos días, los titulares de los diarios estuvieron poblados de noticias decisivas: se firma con el FMI, se aumentan las tarifas, se “compensa” a los bancos, se envía un proyecto de ley a favor de los laboratorios norteamericanos, se utilizará mano de obra de los planes trabajar (150 pesos) en emprendimientos públicos y privados (algo que ya ocurre), se autoriza el operativo militar Aguila con tropas norteamericanas (las que reciben garantías de inmunidad por los delitos que cometan), se otorgan facultades de entrega petrolera a las provincias; en suma, se desarrolla a fondo un programa capitalista y proimperialista.
La “renovación” que se le adjudica a Kirchner se puede ver en el apoyo a los Solá, Duhalde y Ruckauf; a la mafia de gobernadores del justicialismo; a Ibarra; ahora, el apoyo a Romero en Salta. Kirchner no disimula que su propósito es atravesar los meses de elecciones y “arrancar” en diciembre con un Congreso manejado en acuerdo con la patota bonaerense.
La maniobra de Kirchner contra las extradiciones y los fallos judiciales que habían declarado la inconstitucionalidad de la obediencia debida y el punto final tiene un alcance más general o estratégico: reconstruir el poder del Estado parcialmente golpeado por el Argentinazo y la bancarrota económica, y llevar adelante la agenda de salir de esa bancarrota capitalista en beneficio de los grandes pulpos económicos.
El gobierno Kirchner se perfila, no como una variante antiimperialista, sino como la punta de lanza del Alca, una vez que se puedan negociar algunos arreglos comerciales. En contraste con Brasil, la burguesía argentina no se opone a otorgar al gran capital internacional la más completa libertad de penetración económica, siempre que reciba como contrapartida ventajas de comercio exterior para la patria exportadora. La caracterización del gobierno tiene que ser hecha de conjunto, en función de los intereses sociales que representa, defiende y protege, y de ningún modo según la demagogia ocasional que emplee. Luego de la larga experiencia histórica latinoamericana de la burguesía nacional, esto último es ya imperdonable.