DECLARACIÓN DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

nota publicada en: https://prensaobrera.com/politicas/54971-

(Declaración aprobada en la Sesión Plenaria del Cuerpo del jueves 14 de junio de 2001)

Fundamentos de Altamira en la sesion legislativa

Señor Presidente:

En el curso de los últimos diez días, se ha desatado una verdadera oleada de detenciones en todo el país, cuyo blanco inconfundible es el vasto movimiento de los piqueteros.

El 5 de junio, mientras la Coordinadora de Trabajadores y Desocupados del Depa rtamento San Martín (Norte de Salta) desarrollaba un corte de ruta, fue encarcelado José Barraza, dirigente de la Coordinadora de ese departamento y miembro del Comité Nacional del Partido Obrero. En el corte de ruta, los trabajadores reclamaban por un salario mìnimo de 2,50 pesos la hora para todos los trabajadores del departamento, frente al 1,50 pesos que reciben actualmente. El sábado 9 de junio, la gendarmería reprimió violentamente este mismo corte de ruta y detuvo a Carlos Gil, estudiante de la Universidad Nacional de Salta y militante del Partido Obrero. Fue el único detenido en la acción, y ostensiblemente las fuerzas de seguridad actuaron con la consigna de prenderlo y de dispersar al resto.

Al día siguiente, fueron detenidos en Tartagal, en la vía pública, César Raineri, Gustavo Murillo, María Eugenia Zambrano y José Francos, también militantes y simpatizantes del Partido Obrero. Ninguno de ellos participaba en ese momento de actividad política alguna, es decir que fueron buscados expresamente por las fuerzas de seguridad.

La represión en el Norte de Salta se sostiene sobre una clara persecución judicial: en el fallo donde se dicta el procesamiento de Barraza, el juez federal Abel Cornejo lo acusa de “sedición” e “interrupción de los transportes públicos”, esto, por haber encabezado las demandas de los trabajadores ocupados y desocupados de la zona. El fallo atribuye a la conspiración delictiva de “un grupo de personas” los cortes de ruta que, en diciembre de 1999, mayo y noviembre de 2000 fueron acompañados por genuinas puebladas en las que se movilizaron 20.000 trabajadores, es decir, virtualmente un tercio de la población de la zona.

Luego, e incurriendo en un claro acto de prejuzgamiento, el juez Cornejo ha denegado la excarcelación de Barraza, sosteniendo que “de recuperar la libertad, continuaría con la conducta delictiva por la que fuera detenido, con la consecuente posibilidad cierta que pudiera intentar eludir la acción de la justicia”.

En el mismo fallo, el citado juez ha ordenado “comparecer” a catorce dirigentes del movimiento “piquetero” de Salta. Estas citaciones se complementan con una orden aún más aberrante, emanada del propio juzgado: es la que faculta a “la Gendarmería para detener a los cabecillas de los piquetes..(aún) sin una orden específica de la justicia federal en caso de hallarse cometiendo delitos flagrantes” (El Tribuno, 9/6). Se trata, en suma, de una orden de detención “en blanco”, que los gendarmes podrán completar cuando, a su juicio, los luchadores sociales estén incurriendo en lo que ellos consideren “delito”. Estas disposiciones represivas colocan en libertad condicional a todos los integrantes del movimiento de desocupados del Norte de Salta.

Aunque el juez ha liberado en las últimas horas a los compañeros Murillo, Zambrano y Francos, dictó en cambio la prisiòn preventiva de Carlos Gil y César Raineri. Al mismo tiempo, detuvo a Juan Nievas, también integrante del movimiento de desocupados de la zona.

Al día siguiente de la detención de Barraza en Salta, se desataba en Jujuy una violenta represión contra una manifestación de desocupados. Varias mujeres y niños debieron ser hospitalizados, en tanto 21 manifestantes fueron detenidos. Horas más tarde, y en las vísperas del paro nacional del viernes 8, eran apresados dos integrantes del Movimiento de Desocupados Teresa Rodriguez de Mar del Plata.

Esta escalada represiva se completa, en primer lugar, con la detención del secretario general de la CGT de San Lorenzo, Edgardo Quiroga. Fue apresado cuando encabezaba la lucha de los trabajadores municipales de General Bermúdez para cobrar una deuda salarial de cinco meses. Excarcelado horas más tarde, Quiroga permanece sin embargo procesado, también por su participación en los piquetes y cortes de ruta protagonizados en el último período por el movimiento obrero de la zona. Finalmente, y en horas de la tarde del miércoles 14, volvió a ser encarcelado el dirigente de los desocupados Raúl Castells, cuando encabezaba una movilización de desocupados en Lomas de Zamora. También fueron detenidos una treintenta de “piqueteros” en la ciudad de Bahía Blanca.

La simultaneidad y el alcance nacional de este reguero de detenciones no dejan lugar a dudas respecto de una acción que ha sido guiada y orientada desde el Ministerio del Interior de la Nación, con el concurso de los gobiernos provinciales que (como el del menemista Romero en Salta) se han propuesto liquidar a las organizaciones de desocupados. Pero este ataque ha sido largamente preparado, y reconoce su punto de partida en las declaraciones del entonces ministro Storani, en diciembre del año pasado, contra el plenario del Polo Obrero realizado en la Fatpren el día 16 de diciembre. Storani le atribuyó a esa reunión pública de trabajadores y delegados obreros (cuya convocatoria y resoluciones fueron ampliamente difundidas) un carácter conspirativo y siniestro. Como lo señaló la declaración que, en aquella oportunidad, suscribieran diputados de nueve bloques de esta Legislatura, se trataba de “una campaña montada en base a informes de inteligencia, es decir que se ha apelado al espionaje político interno”. La caracterización de “movimiento sedicioso” a la más vasta expresión de las aspiraciones populares de este último período (no otra cosa son los piquetes), lanzada por el entonces ministro, alimentó el libreto de toda la presente andanada represiva. Ya el ex ministro Storani había señalado su intención de reprimirlo “por vía de la justicia” (Crónica, 28/12), es decir, aquello que hoy está vehiculizando en Salta el juez Cornejo y sus pares en otras provincias.

Cabe destacar que este llamado a la represión lo hacía el mismo Ministerio que, un mes antes, había lanzado a la gendarmería en una represión que costó la vida del chofer Aníbal Verón, también en el Norte de Salta. Las acusaciones de “conspiración” servían, también, para encubrir la verdadera conspiración represiva contra los reclamos populares, que ya se había cobrado una vida.

Pero la “caza de piqueteros” que se ha lanzado después del paro general del 8 de junio responde a una causa más general: la incapacidad del gobierno para hacer frente a la intensa movilización popular que crece en todo el país. Para el gobierno, esta represión tendría un carácter “selectivo”, en el entendimiento de que los piqueteros y las corrientes políticas que actúan en su seno estarían objetivamente aislados de la corriente social del país. En el descomunal error de ese diagnóstico se encuentra la explicación de su inevitable fracaso. La represión “central” que se ha lanzado contra el movimiento piquetero revela también el carácter político que objetivamente tiene la lucha piquetera. Un carácter que debe ser desarrollado en términos de programa y de estrategia política. La impotencia de un gobierno acorralado debe ser enfrentada con una gran acción en defensa de las libertades públicas. Con ese propósito, colocamos a la discusión de la Legislatura la presente declaración.

Jorge Altamira,

diputado del Partido Obrero

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires