GOBIERNAN CON LA GENDARMERÍA

GOBIERNAN CON LA GENDARMERÍA

nota publicada en: https://prensaobrera.com/politicas/54925-

El gobierno aliancista nació bajo el signo de la gendarmería. Fue en diciembre del ‘99, cuando la mandó al puente Resistencia-Corrientes para reprimir a los trabajadores y dejar cuatro muertos.

Ramón Mestre, el actual ministro del Interior, asumió como interventor en Corrientes después de la masacre. No lo hizo antes, declaró a las radios, porque tenía que recoger sus mudas de ropa en Córdoba. Ahora ya no necesita este pretexto para mandar la gendarmería a Ezeiza y Aeroparque, en defensa de los saqueadores españoles; a Jujuy, montando para ello una provocación contra los piqueteros de la CCC; al norte de Salta, donde incluso se le ha dado a los gendarmes una autorización en blanco para detener a una veintena más de compañeros del PO, además de los ya detenidos; a Capitán Bermúdez, para encerrar a Edgardo Quiroga y sus compañeros; e incluso en La Plata, Lomas de Zamora, Bahía Blanca (30 piqueteros detenidos), Mar del Plata y La Pampa, con la ‘ayuda’ de la policía provincial. Aun sin confirmar, nos llega la noticia de la nueva detención de Raúl Castells.

No se trata, sin embargo, de una improvisación o de un simple momento de pánico del oficialismo.

Desde diciembre pasado, el ex ministro Storani, dio la orden de partida, denunciando al plenario del Polo Obrero, realizado en Fatpren, como la usina que preparaba el “levantamiento” piquetero. El antecesor de Mestre, sin embargo, anunciaba que reprimiría “por vía de la justicia” (Crónica, 28/12), precisamente de lo que ahora se está encargando el juez salteño Cornejo y sus pares de las otras provincias. Storani, en realidad, se estaba cuidando las espaldas, esto porque un mes antes sus gendarmes (dependen del ministerio del Interior) reprimían en Tartagal a los desocupados y mataban en Mosconi al chofer Anibal Verón.

La salvajada anti-obrera en el norte de Salta tenía también el padrinazgo del gobernador Romero, que nunca ocultó su oposición a otorgar planes de trabajo a las organizaciones de desocupados ni su decisión de defender a rajatablas el control de sus punteros en esa región de la provincia. A partir de febrero, el diario del gobernador Romero, El Tribuno comenzó una cruzada contra la “anarquía social” (24/2), lanzando por primera vez los argumentos que utilizará luego el juez Cornejo para detener a los compañeros. En la misma fecha, el director de Pérez Companc, Haroldo Dahn, también propietario de Refinor y de la destilería de Campo Durán, denunciaba “la coacción ejercida por los piqueteros”, en referencia al reclamo de éstos para que se aplique el convenio del ramo, y no el de la construcción, bien inferior, que aplican las patronales petroleras.

A principios de marzo, Romero se reúne con el tucumano Miranda y el embajador de Estados Unidos, para diseñar un “plan Colombia” en el norte argentino. Pero según Clarín (9/3), el narcotráfico era el pretexto para organizar la represión de los piqueteros. En mayo el gobierno de Salta apoyaba la construcción de viviendas para los gendarmes en el norte de la provincia (El Tribuno, 29/5).

La caza al piquetero, que se ha largado apenas concluyó el paro general del pasado 8, responde a una causa más general: la incapacidad del gobierno para hacer frente a la intensa movilización popular que crece en el país todo. Para el gobierno, esta represión tendría un carácter ‘selectivo’, en el entendimiento de que los piqueteros y las corrientes políticas que actúan en su seno estarían objetivamente aisladas de la corriente social del país. En el descomunal error de este diagnóstico se encuentra la explicación de su inevitable fracaso. Los piqueteros y sus corrientes políticas deben aprovechar el impulso represivo del gobierno acorralado, para acorralarlo a su vez en defensa de las libertades públicas. La represión cavallo-aliancista también debería servir para sacar la conclusión de que la lucha piquetera es, objetivamente, una lucha política, que debe ser desarrollada políticamente. Por eso insistimos: Por un frente de las organizaciones y partidos del movimiento piquetero, para echar a De la Rúa-Cavallo y reemplazarlo por una Asamblea Constituyente soberana.

 

La prisión de Menem y la unión nacional

La investigación a fondo del tráfico de armas no solamente llevaría para siempre a la cárcel a toda la “asociación ilícita” formada por el gobierno de Menem, sino que pondría al desnudo a toda la clase social que gobernó la pasada década (y aún lo hace). La ruta que siguieron las coimas por las armas, es la misma de los negociados IBM-Banco Nación, IBM-DGI, de las privatizaciones efectuadas con dinero lavado por intermedio del Citibank *por lo tanto del dinero lavado por la Sepi española con AA, e incluso del financiamiento del atentado a la Amia. Todavía no se ha puesto la lupa en Yaciretá o el Pami, las otras grandes ‘cajas’ del menemismo. En las cajas que guarda el Congreso está gran parte de lo que hay que saber, pero Elisa Carrió ya dijo que el objetivo de las investigaciones se limitaría a la confección de una nueva ley contra el lavado de dinero.

¿Hasta dónde puede llegar entonces la investigación de la “asociación ilícita” del menemismo? Por un lado, hasta el punto en que pueda poner al desnudo los restantes delitos vinculados a las privatizaciones, es decir, al conjunto de la clase capitalista y sus mentores internacionales. Mestre, por esto, ya está hablando de un indulto. Pero desde el punto de vista político, la detención de Menem es prenda de negociación del gobierno de unión nacional que reclama Cavallo. Para los operadores de éste, si un gobierno de todos los partidos del sistema no se prepara para asumir inmediatamente después de las elecciones de octubre, el actual gobierno puede venirse literalmente abajo como consecuencia de la inmensa derrota electoral que le espera. Ibarra ya ha dado un paso por este camino al reunir a la UIA y a Moyano y De Gennaro en la celebración de la trucha ley del trabajo argentino que profusamente se está publicitando en la Ciudad. El indulto o sobreseimiento de Menem está condicionado a que no ponga piedras en el camino, en especial de parte de los grupos económicos que chocan con Cavallo, reclamando contra el déficit fiscal y por la dolarización.

Cavallo, sin embargo, ya ha dejado en claro sus propias condiciones para la preservación del gobierno: la liquidación del sistema de salud, en especial el Pami; y una brutal poda en las jubilaciones. El martes 12, su títere, Bullrich, se adelantó al anunciar la caducidad de los convenios de trabajo, incluso antes de que se reúnan las paritarias, como lo establece la coimera “reforma laboral”.

Son, todas, medidas desesperadas. La detención de Menem; las amenazas del menemismo de que expondrá a De la Rúa como el que coimeó al Senado; el estallido simultáneo de todos los delitos económicos; todo esto traduce la disolución del régimen presente.

 

El megacurro no resolvió nada

Según los diarios, el megacanje aplazó el peligro de la cesación de pagos. Sin embargo, para poder licitar nuevos títulos de deuda, Cavallo tuvo que obligar a los Fondos Comunes a invertir el 25% de su dinero en ellos. Ya no queda una institución financiera que no tenga la mayor parte de su plata en bonos del Estado, dejando sin crédito a la producción. La suba que han tenido los precios de los bonos de la deuda, reduciendo de este modo el llamado riesgo-país, simplemente mide la extraordinaria diferencia que han hecho los que participaron en el megacanje, como consecuencia del bajísimo precio al que el gobierno vendió los nuevos títulos. Pero ese riesgo, para las empresas de segundo nivel que necesitan crédito, se encuentra en los 2.200 puntos (el del gobierno bajó a 900). Las reservas en dólares siguen hoy unos 5.000 millones por debajo del nivel de febrero y unos 10.000 millones por debajo de enero del 2.000. La cesación de pagos sólo está esperando su momento.