EL MINISTRO STORANI ESTA MONTANDO UNA PROVOCACIÓN CONTRA LOS TRABAJADORES EN LUCHA
nota publicada en: https://prensaobrera.com/politicas/54531-
Ya es evidente para toda la opinión pública que el ministro Storani está orquestando desde hace una semana una campaña mediática con el objetivo, expresamente señalado por él mismo, de descalificar, condenar y reprimir cualquier protesta futura de los trabajadores, sean ocupados o desocupados. Se trata de una auténtica provocación política, de características preventivas, frente a la inminencia del dictado de un paquete de decretos destinados a rebajar en forma drástica las jubilaciones, elevar la edad jubilatoria de la mujer, implementar la privatización de la salud y hasta poner en marcha un plan de infraestructura que es un verdadero negociado para la patria contratista y que, para colmo, eleva la ya abultada deuda externa argentina.
El ministro Storani atribuye características conspirativas y le adjudica objetivos siniestros a una reunión de delegados de trabajadores, a la cual concurrí como invitado en mi condición de diputado porteño del Partido Obrero, cuya realización fue publicitada con anterioridad (ver Prensa Obrera del 14/12), donde la asistencia y participación fue “libre y gratuita” y cuyas conclusiones fueron dadas de inmediato a publicidad en un folleto especial y en Prensa Obrera del 26 de diciembre.
Lo realmente conspirativo acerca de esta reunión pública y abierta es la revelación de que fue espiada por los servicios de inteligencia que maneja el ministro Storani, en una clara violación a las disposiciones legales que prohíben el espionaje político interno. Esto significa que en lugar de asegurar la tranquilidad pública, el ministerio de Storani es una usina conspirativa dedicada a pertubarla con provocaciones políticas. Estudiamos encarar acciones judiciales contra este manifiesto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En la reunión estuvieron presentes delegados sindicales y de organizaciones de desocupados de muchas localidades del país, como la CTA y Adosac (docentes) de Santa Cruz, de la CGT de San Lorenzo, de la agrupación opositora del sindicato gráfico, de delegados del sindicato de la Alimentación, metalúrgicos, telefónicos, bancarios, etc. y de diversas organizaciones de desocupados.
Una presencia destacada fue la de los delegados del Congreso de Trabajadores de Tartagal y Mosconi y la de la compañera y los dos pequeños hijos de Anibal Verón, el chofer asesinado por la represión policial cuando reclamaba por el atraso de ocho meses de su sueldo.
La reunión sindical hizo suyas las conclusiones adoptadas dos semanas antes por el Congreso de Salta: a saber, reclamar un salario de 600 pesos por una jornada de ocho horas; un seguro al desocupado por 500 pesos; el reparto a escala nacional de las horas de trabajo disponibles; la ruptura con el FMI y el cese del pago de la deuda externa. Se planteó, asimismo, la necesidad de que las centrales sindicales profundicen la huelga del 23 y 24 de noviembre pasado con un paro de 72 horas y con la organización de una huelga general indefinida hasta la satisfacción de las elementales reivindicaciones de los trabajadores.
Se resolvió también impulsar hacia los meses de abril y mayo un Congreso nacional de Trabajadores, ocupados y desocupados, o sea un Congreso de Piqueteros, con el objetivo de presentar al país un programa y una política de conjunto como alternativa al programa y a la política de los partidos patronales que están hundiendo social y económicamente al país.
La crisis política se ha desplazado de foco y en consecuencia los servicios de alcahuetería se han desplazado del espionaje a la vida privada del ex vicepresidente al espionaje a los luchadores populares, o sea a los piqueteros, que son la promesa de una gran dirección obrera para esta etapa histórica. Las andanzas de Storani descubren la profundidad de la impasse de un gobierno acorralado por sus propias contradicciones.
Denunciamos a la campaña de Storani como una campaña contra las organizaciones sindicales y los partidos políticos y como una amenaza contra el derecho de reunión y de asociación de los trabajadores y de sus delegados.