LOS QUE COIMEARON QUIEREN GOBERNAR POR DECRETO

nota publicada en: https://prensaobrera.com/politicas/54168-

Es muy probable que la crisis que está derribando al Senado y que puede llevarse consigo barranca abajo a varios ministros y, por qué no, al gobierno entero, haya sido provocada por un problema de caja chica. La Nación (4/9) relata las acusaciones de corrupción que provocó, no hace mucho tiempo atrás, la votación de la ley de lavado de dinero, donde “estaban de por medio los intereses de los grandes bancos y 6.000 millones de narcodólares…”. El soborno que pudo haber corrido para apurar la sanción de la reforma laboral, “no fue demasiado -le dijo un senador peronista al mismo diario- comparado con lo que pudo haber corrido cuando se aprobaron otras leyes, como las privatizaciones”. Entel se privatizó en 8.400 millones de dólares; Aerolíneas, en 2.250. La de Gas del Estado, que movió 3.320 millones, requirió la presencia de un ‘diputrucho’. La de YPF se hizo por 20.000 millones de dólares. En estos días, precisamente, el pulpo Repsol está moviendo cielo y tierra para que el gobierno nacional y el de Neuquén le extiendan la concesión para la explotación del yacimiento más rico del país. ¿No habría que meter las narices en este negociado?

Un columnista que escribe en esa misma edición de La Nación reclama investigar “la complicidad de empresarios en la maniobra”. Alude de este modo al pulpo Techint, pues una semana antes La Nación había informado que “un importante empresario… precisó que los fondos fueron aportados por una importante empresa, interesada en que quedaran sin efecto los convenios laborales de la UOM”. La Nación agrega de su lado que “la clase empresarial tenía un enorme interés en su aprobación (porque) posibilita rebajar salarios y abaratar el costo de los despidos”. Es decir que en el ‘affaire’ del Senado, no fueron dos sino tres los que metieron la mano: los senadores coimeados, el gobierno coimero y los capitalistas que habrían aportado los fondos. Estamos ante una santísima trinidad que retrata al centímetro el mecanismo del Estado capitalista.

Techint no solamente fue el principal fogonero de la reforma laboral sino que es también el que impulsa la fragmentación del sindicato metalúrgico para crear en su reemplazo sindicatos por empresa bajo el control directo de las patronales. Es, por esto, de la mayor trascendencia que en medio de la crisis de coimas del Senado De la Rúa haya nombrado a Javier Tizado, de Techint, como secretario de Industria. ¿Se está tratando de asegurar a Techint que la investigación por las coimas no se saldrá de madre? Ni bien asumió su cargo, Tizado reafirmó su total compromiso con la reforma laboral al definirse a sí mismo como un ‘productivista’, o sea partidario de abolir el salario por jornada y reemplazarlo integralmente por la remuneración por rendimiento o, incluso, por uno ajustado a las variaciones de las ganancias patronales.

El informe de La Nación al que estamos haciendo referencia, no vacila en ir al hueso de todo el asunto cuando dice que la emergencia económica que el gobierno quiere sacar ahora por decreto, supera con creces a la ley de reforma laboral en la importancia que tiene para los grupos económicos. “La ley de emergencia económica -dice el diario- le permitiría al gobierno diferir pagos a proveedores del Estado, congelar juicios y emitir bonos, afectando intereses por sumas millonarias”. El efecto de la ley sería elevar la cotización de los bonos de la deuda externa, beneficiando enormemente a los bancos y AFJPs que los tienen en sus carteras, mientras que los nuevos bonos que se emitirían serían para el pago de deudas jubilatorias que luego los jubilados malvenderán -nuevamente en beneficio de los bancos y AFJPs.

 

Régimen conspirativo

Las denuncias y delaciones recíprocas han puesto al desnudo el funcionamiento de un régimen político conspirativo, o sea que utiliza a las instituciones constitucionales como una pantalla para esconder a la opinión pública el verdadero trámite del Estado. Las denuncias revelan un mecanismo de negociación que tiene, de un lado, a los llamados operadores políticos del Ejecutivo, como serían Nosiglia, Barrionuevo o De Santibañes y, del otro, a las mesas que manejan los bloques parlamentarios. Se trata de un elenco estable de características para-estatales que funciona sobre la base de coimas. Esto explica que las primeras cabezas que se pidan sean las de los Yoma, Alasino, Genoud, Galván o Pardo. Esta realidad compromete directamente al Poder Ejecutivo, o sea a De la Rúa y a Alvarez, como antes a Menem, Duhalde y Ruckauf. Lo que los charlatanes denominan ‘sistema democrático’ no es otra cosa que un régimen de conspiración permanente, que apunta al ocultamiento necesariamente secreto de los negociados y operaciones capitalistas.

Ni qué decir que lo que ha hecho saltar estos negociados no son por supuesto las actuaciones de Cafiero Antes que empezaran las denuncias ya era evidente el empantanamiento del gobierno y del peronismo y su tendencia a disgregarse. Las rivalidades internas en el peronismo eran harto conocidas, lo mismo que los operativos contra Alvarez y contra Machinea. Había intentos desde el propio oficialismo para voltear el gabinete y llevar a un Broda al Ministerio de Economía. En el peronismo, la sucesión de Menem se estaba poniendo más complicada, mientras el propio Menem conspiraba con su planteo de dolarización. Los bancos enfrentaban al llamado ‘grupo productivo’ y viceversa. Hay quienes opinan que la paralización del Senado con motivo de las coimas, ha servido para frenar la sanción legal del Plan de Infraestructura que impusieron la patria contratista y el grupo productivo de la UIA.

Pero la causa general de todo este proceso de descomposición política que precede al escándalo, es el fracaso de los planes económicos (en primer lugar, el completo derrumbe del plan Cavallo y del régimen de convertibilidad), la imparable declinación de la producción y la enorme tensión social que genera el crecimiento de la pauperización de las masas. No son las coimas las que han provocado el estallido de una crisis política, sino ésta la que ha permitido que explotara el escándalo de la corruptela. No hay mejor prueba de todo esto que el esfuerzo que hacen todos los protagonistas del soborno por cabalgar sobre la situación que se ha creado, en lugar de buscar atenuarla.

 

Crisis política

El Partido Obrero fue el primero en advertir que no se estaba en presencia de un problema de corrupción sino frente a una gran crisis política. Así está dicho en los documentos (23/8) y en las intervenciones (25/8) en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y en la interpelación decidida por ésta a los senadores por la Capital (28/8). El vaciamiento objetivo del Senado no solamente ha transformado en inoperante a la Constitución Nacional sino que ha paralizado el funcionamiento del Estado. Todas las salidas que se han puesto en discusión en los medios oficiales y en la prensa son inconstitucionales.

Ninguna institución del Estado se salva del escándalo, incluido De la Rúa, y tampoco los partidos del sistema. El involucramiento del Presidente lo dejó en claro nada menos que el operador de Alvarez, el diputado Darío D’Alessandro: “Quienes piensan que la solución es la remoción del ministro de Trabajo -le dijo a Página/12 (2/9)- no deben olvidar que él fue el negociador político”, o sea que representaba a su mandante. “Si hubo un negocio raro -agregó- deberán rodar otras cabezas, porque éste es un problema de la Alianza…”. Más lejos que D’Alessandro han ido Lopérfido y Antonito de la Rúa, para quienes la renuncia de algún ministro llevaría en cascada a la caída del gobierno. La crisis tiene paralizado al Estado y tiene inmovilizado al gobierno. Salvo para el capitalista Pescarmona, quien opina, según La Nación (2/9), “que ésta es una buena ocasión para gobernar por decreto”.

Sin embargo, el gobierno por decreto no sería más que un parche transitorio, por la simple razón de que el débil y dividido gobierno aliancista no tiene condiciones para manejarse de esta manera. Gobernar por decreto es la vía más segura para terminar provocando la caída de De la Rúa.

Es para remediar los defectos de un gobierno por decreto que se propone adelantar las elecciones para el Senado -lo que dejaría al Parlamento paralizado por unos seis meses-. La situación política argentina pasaría a tener muchos puntos de contacto con la que en Venezuela puso fin a los partidos tradicionales y le dio un mandato plebiscitario a Chávez.

La cuestión central es que la crisis actual es de conjunto, de un régimen social; no es solamente una crisis puramente política o institucional, sino que la crisis política es la expresión de una impasse general. En estas condiciones, las salidas que se traman desde los partidos oficiales sólo servirán para prolongar la crisis política y, por sobre todo, para hacer más graves aun las penurias populares.

Desde el punto de vista del interés de las masas explotadas, hambreadas o pauperizadas por este régimen aliancista-peronista, la mejor solución es barrerlo por completo, porque por esta vía se podría proceder a la reorganización integral del país y poner fin a la insoportable situación social que se está viviendo. Este propósito se alcanza convocando a una Asamblea Consituyente que asuma el poder del Estado y proceda a esa reorganización.

La Asamblea Constituyente representa una tentativa final para quebrar el régimen político corrompido y entreguista actual y discutir una salida para el país en los marcos formales de la democracia. Se podría decir que es ’una oferta por temporada’, que tiene en cuenta la gravedad de la crisis, por un lado, y el estado de la opinión de los trabajadores (o sea su nivel de conciencia), por el otro. Es claro que las masas no van a esperar por tiempo indefinido, como ya no lo esperan, que las soluciones se viabilicen por arriba, o que deban adaptarse a los ritmos que convienen a los políticos capitalistas. La reivindicación de una Asamblea Consituyente puede agotarse como posibilidad política en forma muy rápida, si las masas acentúan su movilización independiente y buscan imponer radicalmente sus soluciones sin ninguna clase de intermediarios formales.