FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE SALARIO MÍNIMO
nota publicada en: https://prensaobrera.com/politicas/54073-
Una de las bases de la política de superexplotación y de empobrecimiento de los trabajadores en la última década ha sido, por un lado, el congelamiento del salario mínimo al nivel que tenía en las vísperas de la hiperinflación alfonsiniana y, por el otro, la violación de la jomada de ocho horas. Al prohibir más tarde la indexación de los salarios y de las jubilaciones en función del costo de vida, la ley de convertibilidad permitió a las patronales licuarlos en un 50 por ciento. A esto se agregaron la andanada de contratos basura, el trabajo en negro y todas las formas de flexibilidad laboral, que sirvieron para alargar la jomada y aumentar los ritmos de trabajo.
La lucha por recuperar el salario mínimo, vital y móvil, que está relacionado con el costo de la canasta familiar, así como la vigencia de la jornada de ocho horas, se ha transformado en una necesidad crucial. Esta lucha requiere una acción decidida por parte de los sindicatos, y por lo tanto la remoción de la burocracia sindical, pero también una decidida acción en el plano de la lucha político-legislativa. Los límites insalvables que tienen una acción y la otra, exigen primero que sean planteadas a fondo. La organización de base de las masas y la acción directa de estas, solo pueden desarrollarse a partir del planeamiento de sus necesidades establecidas en forma concreta.
El salario inferior a los 400 pesos que cobra el 49% de los trabajadores de la ciudad de Buenos Aires, se emparenta casi peso por peso con lo que podría llegar a ser la changa de un desocupado. Los salarios de miseria han quebrado, en una medida impresionante, la diferencia social entre unos y otros. La tesis de que existe una ‘fractura social’ entre los ‘excluidos’ y los que gozan del beneficio de la ‘inclusión’ en el capitalismo, ha sido completamente desmentida. El capital necesita tener una masa de desocupados no como un fin en sí mismo, sino para lograr mayores niveles de superexplotación de la fuerza de trabajo viva.
El efecto de la hiperinflación de 1989 puede verse en los índices calculados por Fide, que, sobre una base 100 para el salario real en junio de 1985, daba 68,2 para el promedio de 1991, o sea una caída del 32%. El Indec, por su lado, informó, de una caída del 23% en los salarios reales de la industria, entre 1993-98, reflejando las consecuencias del congelamiento establecido por la convertibilidad (Clarín, 5/9/99). Este mismo informe oficial señala que en esos cinco años el empleo industrial se redujo en un 11,7%, mientras que el volumen físico de la producción creció casi el 15%. La tasa de explotación por obrero creció, por este solo motivo, en un 30%, lo que añadido a la caída del salario suma un incremento del 80%. El incremento de la producción y de la productividad no se ha ‘derramado’, como sostienen los apologistas del sistema, al conjunto de los trabajadores, sino que ha redundado en una mayor tasa de explotación y en una mayor concentración de los ingresos en pocas manos.
“Durante la década de los ‘90, mientras el PBI creció un 51,4% -dice Artemio López de la encuestadora Equis- la brecha entre el 10 por ciento de los perceptores más pobres y más ricos se amplió un 57 por ciento…” (Clarín, 23/7). En la Ciudad de Buenos Aires, esa brecha pasó del 39,2 al 89,2 por ciento, es decir un crecimiento del 127%.
La mayor parte del incremento de la tasa de explotación tiene que ver con el alargamiento de la jomada laboral. Aunque se trata de una tendencia mundial, Argentina encabeza el pelotón con 2.334 horas anuales en 1997, el año previo a la actual recesión. En comparación, Estados Unidos registraba 1.948 horas al año y Francia, 1.883, en el año 1998. Una diferencia del 20 y del 40%, respectivamente. El exceso de horas de trabajo de la población ocupada, que son diez millones de personas, equivale casi exactamente al tiempo de trabajo que podría ser empleado por los trabajadores desocupados y subocupados, que suman unos cuatro millones.
No se ha llegado a esta situación como consecuencia de un libre juego de la oferta y la demanda, ni tampoco está relacionada con la productividad del trabajo, que es la más alta de la historia. Se han empleado para alcanzar estos resultados medios extraeconómicos, es decir la coerción política. Entre los medios utilizados figuran la hiperinflación promovida desde el Estado; una corrupción estatal sin precedentes de la burocracia de ion sindicatos; la represión de las luchas populares, con un récord de procesamientos judiciales; el remate y el desmantelamiento de casi todo el patrimonio económico del Estado; y por supuesto, la liquidación de toda la legislación protectora del trabajo, entre ellas la del salario mínimo.
La productividad social del trabajo no mide el valor de la fuerza de trabajo, sino el estadio de desarrollo de la sociedad. El valor de la fuerza de trabajo está determinado por el valor del conjunto de las necesidades sociales requeridas para el mantenimiento de la capacidad productiva del trabajador. Pero el precio corriente de la fuerza de trabajo, o sea el salario, se encuentra hoy muy por debajo de ese valor, y por lo tanto muy alejado de las exigencias y posibilidades que plantea el actual desarrollo de las fuerzas productivas.
Argentina es un caso extremo de una tendencia mundial, lo que demuestra que más allá de las particularidades de su política económica, refleja a un sistema social que es incapaz de garantizar la vida de quienes lo sostienen con su trabajo. Así lo revela la persistente desocupación europea, que ya tiene un cuarto de siglo y aun hoy supera el 10%; o el caso de Estados Unidos que, a pesar de una coyuntura favorable, aún paga en promedio salarios inferiores a los de la década del ´60. Es que a pesar de este incremento de la explotación, los beneficios de las corporaciones norteamericanas se encuentran por debajo del 9% del total de sus activos, luego de haber tocado un mínimo del 7% a fines de los ‘70, en contraste con el casi 12*% que era típico en la década del ‘60 (Financial Times). La incapacidad del capital para recuperar su tasa de beneficios a pesar de los recursos políticos y hasta militares que ha empleado para ello, explica por qué el desempleo, los bajos salarios, la miseria cotidiana y la pobreza no son fenómenos coyunturales. Es necesaria, entonces, una decidida acción política para combatir estas tendencias del capitalismo a la destrucción de la vida social.
Los 600 pesos que el Partido Obrero reclama como salario mínimo apenas corresponden a la mitad del gasto promedio mensual de una familia tipo de la ciudad de Buenos Aires calculado por el Indec. Este gasto era, a mediados de la década del ‘90, de 1.600 pesos, lo que refleja el deterioro social que se ha producido. El establecimiento de ese salario mínimo combinado con la vigencia de la jornada de ocho horas, significaría para la mitad de los trabajadores una mejora del 50%. La cifra de 600 pesos ha sido tomada solamente como un punto de partida en función de las expectativas mínimas manifestadas por los trabajadores en las actuales circunstancias. Por eso el Partido Obrero plantea un reajuste periódico que lleve el salario mínimo a 1.200 pesos al cabo de cuatro años. Sería ridículo que una propuesta de salario mínimo de (>00 pesos pudiera ser rechazada cuando el propio gobierno nacional acaba de establecer esa remuneración como la condición mínima para ingresar a un plan de viviendas (Clarín, 21/7). En la situación actual varios millones de argentinos tienen oficialmente negado el derecho, no ya a una vivienda propia, sino a un crédito oficial que les permita construirla!!
El gasto mensual promedio de una familia tipo no refleja, sin embargo, la satisfacción de las necesidades sociales que tienen que ver con la época histórica actual. En este sentido, un salario de 1.200 pesos aún estaría lejos de cubrir esa necesidad social. Es necesario, e incluso fundamental, que las organizaciones obreras se aboquen a determinar la composición y el costo de una canasta familiar que realmente conserve la capacidad productiva de los trabajadores y sus posibilidades de desarrollo humano. Los principios de un nuevo desarrollo social, que permita que el libre desarrollo de cada uno sea la medida del desarrollo de todos, deben manifestarse en forma concreta en la lucha contra el deshumanado régimen actual.
La legislación laboral es incapaz, aun en las mejores de las circunstancias, de proveer a la protección de la fuerza de trabajo. Una burocracia de Estado se encarga de permitir que sus disposiciones sean incumplidas. Los más relevantes órganos del Estado se inclinan fácilmente a la complicidad con el capital, como lo demuestra la tolerancia de sus tres poderes con la desactualización de la ley nacional de salario mínimo durante ya más de una década. Las características democráticas del régimen político actual tienden a asumir cada vez más un carácter formal y verborragico, en tanto las decisiones se concentran cada vez más en un círculo restringido del poder vinculado a los grandes intereses capitalistas. Por todo esto proponemos que el cumplimiento de la presente ley quede en manos de las organizaciones obreras interesadas, los delegados y comisiones internas, y que la propia ley imponga su vigencia y reconocimiento en todos los lugares de trabajo. Se destaca aquí el empeño en que la legislación no tenga un carácter puramente declamatorio, como seria si se dejara su implementación a la jefatura de gobierno. Es necesario que la ley sea directamente ejecutiva para evitar su desconocimiento o distorsión por la burocracia de turno.
La sanción de una leu de salario mínimo para la Ciudad de Buenos Aires servirá como referencia movilizadora para todo el país. Deberá ser completada con una ley de reparto de horas de trabajo que ponga fin a la desocupación El proyecto referido al ámbito de la cuidad pone de manifiesto un federalismo revolucionario porque contribuye a modificar la evolución retrograda sufrida por la nación.
El “puerto” dejara de ser acusado de estar de espaldas al país y volverá a ser, como en algunas contadas ocasiones, su vanguardia
Jorge Altamira