EL PLAN CAVALLO DE LA IZQUIERDA QUE SE UNE
nota publicada en: https://prensaobrera.com/politicas/53370-
A pesar del acuerdo alcanzado por blancos y colorados para apoyar a Jorge Batlle en la segunda vuelta electoral que tendrá lugar el domingo 28, las encuestas siguen dando una leve ventaja a Tabaré Vázquez. Solamente 6 electores de 10 que votaron por el Partido Nacional el 31 de octubre pasado, lo harían ahora por Batlle, en tanto que 1,5 lo harían por Tabaré, lo que deja un importante 25% de electores blancos aún indecisos. Estos datos ponen de manifiesto la crisis muy seria que ha desatado en el Partido Nacional la decisión de su Directorio de pactar con Batlle un reparto de cargos ministeriales a cambio del apoyo blanco en la segunda vuelta. Bastaría que se profundizara un poco la escisión del electorado blanco para que los ocho puntos de ventaja que obtuvo Tabaré en la primera ronda, le alcancen para triunfar en la segunda. La venia del Departamento de Estado norteamericano y del Vaticano a la candidatura de la izquierda uruguaya (ver nota en esta página) podría ser el factor final que incline el tablero a favor del Encuentro Progresista. Una derrota blanqui-colorada, en estas condiciones, podría despedazar al Partido Nacional e incluso abrir una crisis de larga duración en los partidos patronales tradicionales de Uruguay.
Tabaré Vázquez ha estado recorriendo el país para buscar el apoyo de la segunda línea de dirigentes blancos. En muchos departamentos lo ha conseguido, aparentemente, porque esas direcciones, vinculadas a la burguesía agraria, apoyan el planteo de reforma impositiva del EP, que apunta en definitiva al desgravamiento de la burguesía agraria e industrial, a la reducción de los intereses bancarios y al subsidio a la exportación. Más allá de esto hay, sin embargo, una negociación de otro tipo, para que el EP apoye a los candidatos blancos en las elecciones municipales de mayo próximo, allí donde éstos se vean enfrentados prioritariamente a los candidatos a intendente por el partido colorado. Es el caso del ex intendente blanco del departamento de Rocha, Irineu Riet Correa, que tendrá por principal rival al colorado Puñales en las elecciones municipales (La República, 13/11).
La derecha ataca el plan Cavallo
El eje de la discusión en el tramo a la segunda vuelta fue planteado por Batlle cuando tomó la iniciativa de denunciar el proyecto de impuesto a la rentadel Encuentro Progresista, algo que no había hecho para nada hasta este momento. Según Batlle, ese impuesto afectaría a la mitad de las familias uruguayas, al gravar los ingresos totales de los hogares, incluidos entre otros los ‘sacrosantos’ intereses de los depósitos bancarios. Para Batlle, esto sería un golpe mortal para la condición de ”paraíso bancario-fiscal” que ostenta Uruguay.
Pero la propuesta del EP no es otra que la que viene difundiendo Cavallo desde que fue volteado del Ministerio de Economía, en 1996. Se trata de un impuesto a los ingresos calculado sobre la base de la renta mundial, o sea de la totalidad de lo percibido por todo concepto, tanto fuera como dento del país, menos los gastos necesarios para la producción de ese ingreso. La autoría del planteo es del FMI y del Banco Mundial, que pretenden con esto, de un lado, homogeneizar los regímenes impositivos de todos los países, con el argumento de igualar las condiciones de la competencia internacional y, del otro, establecer un control internacional de la recaudación impositiva, para viabilizar mejor los pagos de las deudas públicas y externas de las diversas naciones. Mediante convenios especiales se evitaría la duplicación del cobro del impuesto entre el país de residencia y de no residencia del contribuyente; estos convenios reflejarían, claro, la mayor fuerza de las naciones desarrolladas sobre las más débiles. Esta coincidencia de la propuesta del EP y la del FMI, la ocultan por razones obvias tanto los colorados como los frenteamplistas; los unos porque aparecerían en colisión con sus amos, los otros porque se desnudarían como sus sirvientes.
La posición blanco-colorada es clara: dicen que no quieren gravámenes de ningún tipo a la renta sino la extensión de los impuestos al consumo, lo cual no les impide defender el impuesto vigente a los sueldos y a las jubilaciones superiores a 500 pesos argentinos, que ellos mismos impusieron, ¡con carácter transitorio de un año, pero hace casi cuatro años!
Pero la importancia de la polémica es que ha servido para poner al desnudo, por sobre todo, las contradicciones y hasta la duplicidad de la ‘izquierda’uruguaya. Ocurre que para no tocar los privilegios del ”paraíso bancario” que es Uruguay, el EP ha lanzado una campaña para desmentir que piense gravar los intereses a los depósitos y también los que se obtienen de la deuda pública. Con esto invalida el planteo de gravar la renta, o sea la posibilidad de cobrar impuestos a los especuladores (que sí pagarán en su país de origen, si son extranjeros, en el rubro ganancias); es decir que el proyecto se reduce a gravar los ingresos de quienes trabajan y no a la renta del capitalista. El Uruguay del EP seguirá siendo el del secreto bancario. En el informe que brindó sobre sus ”entrevistas con organismos financieros internacionales”, el candidato a ministro de Economía del EP, Danilo Astori, dijo que ”va a cumplir con todos los compromisos internacionales”, entre los que incluyó ”el sistema financiero que es tan importante para los intereses del país” (La República, 16/11).
Con Batlle todo, sin Batlle nada
Pero la finalidad que el EP había asignado a un impuesto a la renta era suprimir el que afecta a sueldos y jubilaciones y disminuir el IVA. Ahora, al dejar afuera a la renta financiera y limitarse a gravar ingresos, el proyecto pasa a ser una versión levemente modificada del impuesto a los sueldos, pero ya no con carácter transitorio sino definitivo. Esto descubre su carácter potencialmente reaccionario. A partir de aquí bastaría con que cualquier gobierno decida modificar el mínimo no imponible o que éste fuera licuado por la inflación, o que los trabajadores obtuvieran un aumento de sueldos, para que quede sujeta a impuesto la mayoría de los que viven exclusivamente del salario.
En realidad, el objetivo de la reforma impositiva del EP apunta a favorecer a la burguesía industrial y agraria, ya que, como dijo el mismo Astori, ”se eliminarán los impuestos que van ‘en contra del interés productivo’…“ (ídem). Mencionó, entre éstos, al impuesto a los combustibles y a los préstamos bancarios. Casualmente, al día siguiente, la Unión Industrial Argentina le pedía a De la Rúa ”un impuesto a los intereses a los plazos fijos y la eliminación de exenciones a ganancias” (como las que gozan los que adquieren títulos de la deuda pública). Para la UIA también se podrían eliminar de este modo los impuestos ”al que se endeuda”, o sea a los tomadores de préstamos bancarios del llamado ”polo productivo” (Ambito Financiero, 17/11). Entre los peticionantes se encontraba Vicenzo Barello, presidente de Fiat. Se trata, como se ve, de una lucha entre capitalistas por el reparto de la riqueza extraída del trabajo del obrero y de ninguna manera de un ataque a los superbeneficios capitalistas para centralizar el capital resultante en manos de un Estado empeñado en una política que atienda a las necesidades sociales e históricas de los explotados.
De todos modos, Tabaré Vázquez acaba de tranquilizar a sus adversarios al decir que ninguna reforma impositiva podría salir sin el acuerdo blanqui-colorado que controla casi el 60% de la Asamblea Nacional. Aunque esto parezca obvio, se trata en realidad del último paso de capitulación ante el chantaje de la campaña batllista, porque significa que Vázquez ya no pide a sus electores un mandato para imponer el programa del EP sino para llegar a un acuerdo con los partidos Nacional y Colorado. Vázquez pide a sus votantes un mandato para tirar la toalla en caso de colisión parlamentaria, un mandato para no luchar, para no denunciar, para no movilizar. Más tarde podrá decir que actúa en conformidad con la voluntad popular expresada en la segunda vuelta electoral. Por estas razones, esta última declaración de Tabaré Vázquez termina por desvirtuar el contenido de la campaña electoral, incluso con las enormes limitaciones con las que el Encuentro Progresista la había llevado hasta ahora. Si el proyecto del EP está condicionado al visto bueno blanqui-colorado, lo que seguirá en pie es el impuesto a los sueldos y jubilaciones y el IVA al 17%, es decir que la carga directa del sostenimiento del Estado capitalista seguirá sobre las espaldas de los trabajadores.
Conclusión
La composición dirigente del Encuentro Progresista y del Frente Amplio se caracteriza por la ausencia de líderes obreros o de luchadores, está copada por la burguesía y la pequeña burguesía que gira en su órbita; a esta condición social responde su programa. Es la expresión de un largo proceso de confiscación política de la lucha descomunal de los obreros uruguayos por parte de la pequeña burguesía, que tiene tanto de izquierdista como de cosmopolita y que, por lo tanto, ahora se ha globalizado. Como los Blair o los Schroeder y Jospin, representan una ‘tercera vía’ a ninguna parte.