UNA CONSTITUYENTE REACCIONARIA

nota publicada en: https://prensaobrera.com/politicas/46235-

El acuerdo suscripto entre los peronistas y los radicales para modificar parcialmente la Constitución actual, es una de las creaciones reaccionarias más monstruosas que haya parido alguna vez la burguesía argentina. Más allá de que las diferentes “reformas” que se pretenden introducir tienen un clarísimo carácter antidemocrático, el acuerdo prevé  en su parte final la obligación de que sean tratadas con excepción de cualesquiera otras y de que sean votadas en bloque. La Convención reformadora quedaría convertida de este modo en una mera oficina de registro de ese acuerdo y el trámite “reformista” podría ser ejecutado en una única jornada. Los menemo-alfonsinistas pretenden “incluir un Anexo conteniendo la descripción de la totalidad de las enmiendas básicas a ser consideradas en su conjunto, de modo tal que la votación afirmativa decidirá la incorporación de la totalidad de las propuestas, y la negativa representará el rechazo global…” (ver La Nación, 3/12/93) (cursivas son nuestras, PO). Estos “resguardos”, como los denomina el “acuerdo”, serán votados por el Congreso Nacional, al que los signatarios le confieren una “actividad preconstitucional”, es decir, condicionadora y regimentadora.

Basta reflexionar un poco para percibir que este “acuerdo” convierte a una futura elección de la Convención reformadora en un plebiscito. La ciudadanía sólo podría optar por el Sí al “acuerdo”, votando a radicales y peronistas, o por su rechazo. El debate constitucional estaría completamente ausente, ni qué decir de la pretensión que pueda existir de introducir en la Constitución algunas reivindicaciones populares. Tenía razón, entonces, el radical santiagueño Zavalía, cuando proponía que el PJ y la UCR formaran una lista única para las elecciones constituyentes. La única diferencia que existiría entre el plebiscito “suspendido” en noviembre y la convocatoria de la Convención, es que en esta nueva versión del plebiscito los radicales van a votar por el Sí. (Esto daría pie a la intención de que el Congreso actual se convierta en Convención y de que no se convoque a elecciones para designar a los constituyentes).

Los acuerdistas se proponen convertir en ley estos designios cuando el Congreso declare la necesidad de reforma de la Constitución. Quedaría consumada así una clara conspiración contra el pueblo, al que sólo le queda la alternativa de adherir a lo que se ha tramado a sus espaldas, o provocar con su rechazo una irreversible crisis política. El chantaje al que es sometida la ciudadanía es, entonces, claro: o se somete a las decisiones despóticas que se armaron en el secreto, o arriesga y enfrenta una desestabilización política y económica.

No se debe deducir de todo esto, sin embargo, que con semejante procedimiento “constitucional” el país se haya transformado en una especie de dictadura civil bipartidista. Como lo ha podido comprobar cualquier lector de diarios, los partidos se limitaron en todo esto a suscribir lo acordado también a sus espaldas. La conspiración fue manejada por los clanes de Menem y de Alfonsín e impuesta al PJ y a la UCR con el mismo método del chantaje: los peronistas que se opusieran arriesgarían las prebendas del poder, y un rechazo de parte de los radicales habría dividido y desintegrado a la UCR. Los opositores a Menem, en el PJ, prefirieron, claro, conservar sus privilegios, y los opositores a Alfonsín, en la UCR, encolumnarse detrás del menemismo. El sometimiento de los anti-alfonsinistas al acuerdo tuvo lugar con “yapa”: delarruístas y storanistas aprovecharon la bolada para votar el presupuesto de Cavallo en el Congreso; el presupuesto de Bouer en la Comuna porteña; y la reelección de Duhalde en la provincia de Buenos Aires. Para estos tránsfugas, el chantaje no es una coacción que debe ser enfrentada sino un biombo y un pretexto para disimular sus propias fechorías.

Pero a pesar del “acuerdo”, todavía no hay acuerdo. Las divergencias entre menemistas y alfonsinistas se centran en las cuestiones de la segunda vuelta para las elecciones presidenciales y en las atribuciones que tendría el llamado “ministro coordinador” o “jefe de gabinete”. Menem ya ha dicho que pretende ser reelecto en una sola vuelta, para lo cual exige que sea suficiente la obtención de un “piso” del 40% de los votos. En lo que hace al “coordinador”, Menem lo concibe como un cadete o secretario, que en ningún caso podría gozar de autonomía política. Los voceros de los grandes capitales (Alemann, La Nación, Ambito, etc.) se han apresurado a respaldar a Menem y a calificar como “peligrosa” una reforma que establezca un poder bicéfalo (con dos cabezas). Alfonsín deberá someterse a la exigencia de Menem, de lo contrario tendrá que ir a una competencia electoral en torno a estos puntos, y no solamente enfrentar la posibilidad de una dura derrota sino incluso de ser tumbado como presidente de la UCR. El sentido fundamental de la reforma constitucional es concentrar el poder de Menem, disipar cualquier posibilidad de crisis en la sucesión presidencial de 1995 y “liberar a la sociedad burguesa de sus preocupaciones políticas” (Marx).

Alfonsín no puede pretender seriamente que se le crea cuando afirma que su interés es una “atenuación del presidencialismo”. Ha habilitado la reelección y el reconocimiento de los poderes de excepción que tanto él como Menem se han auto-arrogado como presidentes. Acaba de decapitar a la Corte Suprema mediante un golpe de mano realizado en colaboración con Menem, con el resultado de que el Poder Judicial ha quedado liquidado como institución independiente y árbitro constitucional. Ha colocado a su partido en la obligación de aceptar el contubernio con el menemismo como un hecho consumado. En la práctica, está pretendiendo que la reforma constitucional salga por decreto —es decir que el Congreso y la Convención refrenden el “acuerdo” que Menem le arrancó con el chantaje del “suspendido” plebiscito pasado. Si Alfonsín cree que consiguió algún “espacio de poder” con la renuncia de dos o tres ministros de la Corte, puede ir desengañándose desde ahora. La reacción de la Iglesia ante la defenestración de los hombres que le responden en la Corte, está anticipando que deberán ser reemplazados por otros tantos agentes del clero, so pena de mandar al bombo el conjunto del “acuerdo”  y la reforma constitucional.

Las modificaciones fundamentales que el “acuerdo” pretende introducir en la Constitución son profundamente reaccionarias y apuntan a concentrar aún más el poder en la camarilla gobernante de turno y en la burocracia del Estado. El “acuerdo” admite que el Poder Ejecutivo pueda dictar “decretos de necesidad y urgencia”, es decir, usurpar las funciones legislativas del Congreso, en especial en materia económica e institucional. Esto significa que consagra el régimen del estado de sitio permanente, que es la única circunstancia que la Constitución actual admite para que el país sea gobernado por decreto. Como, por otro lado, entre esos “decretos de necesidad” está incluida la posibilidad de establecer el estado de sitio, el “acuerdo” somete la libertad de las personas a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

El “acuerdo” admite también que el presidente pueda promulgar leyes en forma parcial, es decir, reformularlas, con el débil recaudo de que “no alteren su unidad”. Aunque declara que la intervención a las provincias “es competencia del Congreso”, esto no excluye, vía “necesidad y urgencia”, que la establezca el Ejecutivo para luego ser “ratificada” por el parlamento. El “acuerdo”  quiere también “unificar el comienzo de todos los mandatos en una misma fecha”, lo que significa que la renovación legislativa tendrá lugar, no cada dos, sino cada cuatro años. ¿Todo esto puede considerarse una “atenuación del presidencialismo” y, en general, de las facultades burocráticas, administrativas, despóticas del Estado?

El “acuerdo” asesta un nuevo golpe a las autonomías provinciales (federalismo) al autorizar que las provincias puedan formar “regiones” e instituciones interregionales, que serían mejor manipuladas por el poder central y que escaparían todavía más al control de sus legislaturas y aún más al control de la ciudadanía.

La tendencia que emerge del conjunto del “acuerdo” es despolitizar la vida social; vaciar aún más a las instituciones representativas; incrementar los poderes excepcionales del Ejecutivo; reforzar a las burocracias administrativas, ejecutivas y parlamentarias. Es decir, reforzar el régimen de poder personal (bonapartismo), aunque cada cuatro, ocho o, eventualmente, doce años, una persona distinta encarne ese régimen de poder personal. Es este cambio el que explica el afán de modificar la Constitución actual, refutando a los “liberales” que aseguran que la Carta de 1853-60 permite “todas las transformaciones necesarias para el país”, menos la de dar piedra libre al bonapartismo.

Es muy probable que el “acuerdo” que se ha hecho público no contenga todo lo que efectivamente se ha “acordado”. Llama la atención, por ejemplo, que no diga nada de la posibilidad de la aprobación de los proyectos de ley que envíe el Ejecutivo luego de transcurrido un determinado tiempo sin que sean tratados por el Congreso (“aprobación ficta”), cuando es archi-sabido que es éste uno de los puntos en el que más coinciden radicales y peronistas. Es “natural” que los “acuerdistas” no quieran mostrar todas sus cartas al electorado, como corresponde a auténticos conspiradores. Esto obliga a advertir que en la misma condición de “reformas” reservadas o secretas pueden encontrarse otras disposiciones, como las reiteradamente reclamadas por el clero, en especial si se levanta la condición confesional católica que debe tener el presidente. Aunque los “acuerdistas” reiteran (lo que es sospechoso) que no tocarán la parte “dogmática” de la Constitución, puede darse por hecho que sí lo harán, por ejemplo, en contra del derecho al aborto, declarando la defensa de la vida “desde la concepción”. Lo mismo ocurrirá con el tema de la enseñanza; en el proyecto de reforma aprobado por el bloque de senadores del peronismo, a mediados de año, se preveía la defensa de la “libre empresa”, de la “productividad” y de otros eufemismos que autorizan la liquidación de los derechos laborales.

Sin una denuncia  clara y cabal de lo que pretende la “reforma” menemo-alfonsinista será imposible movilizar al pueblo para combatirla y oponerle una alternativa política. Quienes obvian esta denuncia y pretenden competir en el ofrecimiento de la “mejor” reforma constitucional, se comportan como cómplices de los conspiradores.